La difusión roja emitida por la Interpol para la detención del expresidente Jamil Mahuad Witt (1998-2000) no ha sido revocada. Así lo aclaró ayer el Ministerio del Interior en su portal web.

El anuncio llegó luego de que Patricio Vivanco, abogado de Mahuad, aseguró el martes que su defendido ya no se encontraba en esa lista.  

La Interpol removió temporalmente la visibilización de la difusión roja de Mahuad, en su sitio web, mientras la Comisión de Control de Ficheros (CCF), organismo autónomo e independiente de la Interpol, efectúa el control legal de la información entregada por la defensa del expresidente. Mahuad fue sentenciado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ),por el delito de peculado.

Este procedimiento, según Interpol, es habitual en este tipo de controles. El artículo 129 del Reglamento de Interpol sobre el Tratamiento de Datos (RTD) obliga a retirar la visibilidad de la notificación, tanto de su portal web como de las bases de datos, siempre  de manera temporal.  

El Ministerio del Interior presentará nuevamente, ante la referida comisión, toda la documentación actualizada, incluyendo la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia el 29 de mayo de 2014. La jueza Ximena Vintimilla lo condenó a 12 años de cárcel.

El defensor del exmandatario había dicho que desconocía las razones por las que Mahuad ya no constaba en la lista roja, pero aseguró que el proceso legal continúa. “No conocemos los argumentos que tuvieron para hacerlo”, manifestó.

Vivanco presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura, sin especificar las causas. Jamil Mahuad se considera un perseguido político y ha justificado en dos ocasiones el congelamiento bancario.

APELACIÓN DE LA SENTENCIA ESTÁ EN ESPERA DE SORTEO

El expresidente Jamil Mahuad fue sentenciado a 12 años de reclusión por la jueza Ximena Vintimilla, de la Corte Nacional de Justicia, el pasado 29 de mayo.

La condena es por el delito de peculado, por congelar los ahorros de los ecuatorianos y por el salvataje bancario, que costó $8.000 millones.  

La defensa presentó una solicitud de nulidad del proceso y apelación, la cual será conocida por un tribunal de la Sala Penal, mediante sorteo.