Las calles Rumichaca y Padre Solano, donde se encuentra la sede provincial en Guayas de Alianza PAIS, se convirtieron en un hervidero. Militantes de un bando y otro, los que apoyan y los que rechazan la consulta intercambiaron gritos.

Y es que las discrepancias entre asambleístas y directivos, en torno a la propuesta de Gobierno, se trasladaron ayer a los simpatizantes que se congregaron en los exteriores de la sede del movimiento. Dos situaciones contribuyeron a elevar el clima de malestar: la autoconvocatoria de una parte de la dirigencia para analizar el tema de la consulta, y la aparición de carteles en contra de la directora provincial de la agrupación, Marcela Aguiñaga, en los alrededores de la sede.

Con este escenario, simpatizantes de la legisladora expresaron su rechazo y a las 11:00 retiraron las pancartas que colgaban en postes.

Carlos Serrano, director de Acción Política y Comunicación del movimiento, no descartó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las pancartas, mientras que Viviana Guevara, miembro de Guerreros Digitales, sostuvo que los dirigentes de base se habían convocado para planificar las concentraciones de apoyo al vicepresidente Jorge Glas “pero con sorpresa nos encontramos con estos afiches que rechazamos”.

El resto de la mañana la situación en los exteriores permaneció en calma, hasta cerca de las 14:00, cuando en pequeños grupos comenzaron a llegar militantes para tratar de ingresar a la sede.

Por la calle Padre Solano se acercaron miembros del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), y por la calle Rumichaca, en sentido norte, otro grupo de PAIS, con camisetas que tenían la imagen de Lenín Moreno y de la asambleísta Guadalupe Salazar.

Esto alertó a quienes se encontraban en la sede, quienes de inmediato cerraron las puertas. En tres bloques se aproximaron elementos de la Policía (al menos 40), que se ubicaron en la puerta de acceso.

A medida que pasaba el tiempo, se sumaban militantes que apoyaban la consulta. Unos llegaron en cooperativas intercantonales, con banderas y afiches de respaldo al Mandatario. La Policía redobló la seguridad cuando intentaron acercarse a la puerta de ingreso.

Un dirigente identificado como Juan Ávila instaba a los congregados a gritar a favor de la consulta y en contra de Aguiñaga, actitud que fue reprochada por una simpatizante de la legisladora.   

Enseguida comenzaron los gritos a favor y en contra del Gobierno y de la consulta. La mayoría llevaba banderas y camisetas verde del movimiento, excepto los de ABA, que vestían de rojo.

A las 17:00 comenzaron a llegar los dirigentes. El primero en hacerlo fue el asambleísta Bairon Valle, quien reiteró su postura de que el tema en cuestión debe ser analizado y esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. A los pocos minutos arribaron Michel Doumet, y la alcaldesa de Milagro, Denisse Robles, quienes por varios minutos no pudieron ingresar a la sede por la postura de un grupo de militantes que les gritaban “traidores”.

Con la ayuda de la Policía ingresaron. También lo hicieron el alcalde de Yaguachi y titular de la AME, Daniel Avecillas; el alcalde de Santa Lucía, Miguel Solórzano, y la alcaldesa de Playas, Miriam Lucas.

Esta última tuvo problemas, ya que los gritos en su contra se acrecentaron y la Policía debió extremar esfuerzos para que pudiera ingresar.

Luego arribaron el subdirector provincial y alcalde de Pedro Carbo, Ignacio Figueroa, y la asambleísta Guadalupe Salazar, quien manifestó que esta autoconvocatoria obedecía a que una parte de la dirigencia se ha pronunciado sin haber discutido antes. Cerca de las 18:00 llegó Ricardo Patiño, quien, contrario a los demás, optó por ingresar por la puerta de la calle Rumichaca. (I)

Carteles en contra de la directora provincial de PAIS en Guayas, Marcela Aguiñaga, aparecieron en los alrededores de la sede. Foto: Miguel Castro / EL TELÉGRAFO

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Contralor pide a la Asamblea si destituye a Glas

A través de un comunicado el contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, solicitó a la Asamblea Nacional que resuelva si se procede o no a la destitución del Vicepresidente de la República.

El pasado viernes Celi se pronunció sobre esta figura, lo que generó reacciones políticas, ya que la destitución es factible solo mediante un proceso de juicio político por la Asamblea.

De esta manera, Celi se pronunció luego de que la entidad a su cargo analizó el proceso de entrega del campo petrolero Singue, cuando el Segundo Mandatario ejercía las funciones de ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. En ese análisis la Contraloría determinó presuntas irregularidades.

La autoridad de control emitió una copia certificada de la resolución del pasado 26 de octubre, en la que incluso anunció las sanciones administrativas de multa y destitución, luego del procedimiento legal correspondiente.

En una parte del documento señala que en ejercicio de sus competencias para el control de los recursos públicos; “a fin de que la Asamblea Nacional, en el ámbito de sus competencias, en conocimiento de los hechos antes referidos, adopte las decisiones pertinentes”.

El informe con responsabilidad administrativa fue emitido el pasado 3 de agosto. Desde esa fecha corrieron los 30 días para que el Vicepresidente envíe los descargos a la Contraloría. Una vez cumplido el plazo el Contralor ratificó el informe original, así como un informe con responsabilidades penales. (I)

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Jueza negó la acción de proteción en contra del presidente Lenín Moreno

La jueza Janeth Arias negó ayer la acción de protección que presentó la semana pasada un grupo de asambleístas de Alianza PAIS, en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, por designar, mediante decreto, como vicepresidenta encargada a María Alejandra Vicuña.

La acción fue presentada por los legisladores Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, y la parlamentaria andina, Rosa Cárdenas. La jueza tomó su decisión tras explicar que no se han vulnerado los derechos del segundo mandatario, Jorge G.

A la audiencia concurrió, en representación de los legisladores, el abogado Javier Mite, mientras que por el Mandatario estuvo presente la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez.

En su argumentación, Pesántez aseguró que no existe violación de los derechos constitucionales de Jorge G. con la emisión del decreto 176 que encargó la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña.

Respecto del pedido de vacaciones que solicitó el Segundo Mandatario, dijo que “como jerárquico superior, el único que puede otorgárselas es el Presidente de la República, pero estas ni siquiera fueron solicitadas”.

Pesántez indicó que apenas se cumplan los 3 meses de ausencia del titular de la Vicepresidencia se procederá a nombrar el reemplazo definitivo de acuerdo a lo que indica la Constitución. (I)