Dirigentes sociales coinciden en que para trabajar por los objetivos de sus organizaciones no necesariamente requieren de sedes, edificios u oficinas fastuosas.

EL TELÉGRAFO visitó algunas organizaciones sociales que operan en Quito para conocer en qué condiciones se desenvuelven.

El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), por ejemplo, tiene su sede en la ciudadela Jipijapa, en el norte de Quito. En 1980, gracias a un convenio de comodato para 50 años, recibieron un área con dos galpones. Las adecuaron como aulas para dictar talleres y seminarios a jóvenes líderes y a miembros que llegan desde varias zonas del país.

Esta organización se financia con aportes de las 2.500 iglesias evangélicas indígenas del Ecuador, de sus miembros y dirigentes. Alrededor de $ 200 mensuales pagan de servicio básico. El personal es voluntario y no devenga sueldo. “No necesitamos una propiedad  muy grande, sino funcional y adecuada, sin lujos; un espacio para generar reuniones, conversaciones y debates”, dijo Manuel Chugchilán Caiza, presidente de la Feine.

Por su parte, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), opera en una casa de dos pisos ubicada en las avenidas Versalles y Carrión, también en el norte de Quito.

Santos Villamar Alvarado, presidente de la Fenocin, manifestó a EL TELÉGRAFO que la oficina donde funciona es propia, adquirida hace casi 40 años bajo la administración de Mesías Tatamuez, con aportes de una ONG de Luxemburgo.

Esas instalaciones están en remodelación. Con aportes de sus miembros costean los gastos. Villamar dijo que solo requieren de un área adecuada y sin lujos para sus reuniones y asambleas.

Mientras, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) opera en una oficina del primer piso del edificio El Conquistador, en las calles Julio Matovelle y pasaje Vargas (norte de Quito).

En 120 metros cuadrados dispone de una sala de reuniones, secretaría y oficina para el presidente de la organización.

Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, al ser consultado sobre quién financia a su organización indicó: “Antes nos daba Acción Popular Noruega, pero ahora nos condiciona, le tuvieron miedo al Gobierno. Nos dijeron que bajemos la radicalidad, que entremos a dialogar; les dijimos que si es una sugerencia, bienvenida sea, pero si es una condición, no”.   

Finalmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) opera en un edificio de 3 pisos ubicado en las avenidas 6 de Diciembre y Granados (norte). En 1991, el entonces Ministerio de Bienestar Social les entregó la propiedad en comodato. Disponen de amplias oficinas y salas de reuniones en cada uno de los pisos, y parqueaderos.

El 11 de diciembre, el MIES notificó a la Conaie la terminación del convenio de comodato, pero Jorge Herrera, titular de esa organización, se niega. “Quieren quitarnos la sede para resolver un problema de drogadictos. El espacio es de la Conaie y punto. La Conaie no pelea por 200 metros, sino para que nos entreguen grandes extensiones de tierra para pequeños productores”,  dijo.