Hay tres caminos para definir la suerte del vicepresidente Jorge G. Él está detenido, sin funciones, y  procesado por el presunto delito de asociación ilícita, en el caso de corrupción de Odebrecht.  

El primero y más corto es la figura de destitución a través de un juicio político. Otro es que Jorge G. renuncie a su cargo, pero él ha repetido que no “dejará la Vicepresidencia porque no es culpable y ha sido elegido por el pueblo”.

Un tercer camino, complicado y poco probable, es dar paso al pedido de la Contraloría para destituirlo por el caso Singue. El organismo de control señala que hubo supuestas irregularidades en el proceso contractual de explotación petrolera en ese bloque amazónico, con un perjuicio al Estado de $ 5,2 millones.

En esas tres vías, la suerte del Segundo Mandatario está en manos del Consejo de Administración Legislativo (CAL).

El máximo organismo legislativo conocerá este lunes el pedido de la Contraloría, y entre el martes y jueves la solicitud de interpelación que impulsa la oposición.

Por eso las miradas están puestas en el CAL y en los votos de sus 7 integrantes: 5 de Alianza PAIS, que está dividido en la facción afín a Rafael Correa y los que respaldan al Gobierno, y 2 del CAL, que son opositores.

En el consejo legislativo el ala correísta tiene 4 votos: Viviana Bonilla, primera vicepresidenta; Carlos Bergmann, segundo vicepresidente y  aliado de Unidad Primero; Soledad Buendía, primera vocal; y Verónica Arias, segunda vocal y aliada de  Acción Regional por la Unidad (ARE). En contraparte, solo José Serrano, presidente de la Asamblea, es cercano a Lenín Moreno.

La oposición tiene los votos de Luis Fernando Torres, tercer vocal,  del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG); y Patricio Donoso, cuarto vocal, de CREO.  

Los correístas siguen opuestos a la interpelación, aún después del dictamen acusatorio de la Fiscalía.

Diego García, de la facción correísta, señaló a este Diario que no podría emitir un criterio sobre el tema mientras no exista una sentencia ejecutoriada. “Vivimos en un Estado de derecho y espero que se cumpla eso”.

Mientras que los morenistas han pedido que el Vicepresidente dé un paso al costado.

La legisladora Elizabeth Cabezas dijo a este Diario que es difícil saber la posición del CAL. “Ahora existen más argumentos para sostener el juicio al Vicepresidente”.

Pero la oposición del CAL está optimista y cree que el juicio pasará en este tercer intento (hubo dos anteriores, que fueron desechados).

Patricio Donoso explicó que para una cirugía mayor a la corrupción, tal como pidió el presidente Lenín Moreno, el único bisturí es dar paso a la fiscalización contra Jorge G.
“Nadie en su sano juicio puede suponer que el Vicepresidente, que tiene indicios de responsabilidad penal por corrupción, no tenga responsabilidad política”.  

Luis Fernando Torres es más enfático. Según él no encuentra una razón poderosa para que el oficialismo no pase el juicio a Jorge G. “Por ello, tengo la expectativa de que en el CAL podría haber votos necesarios para admitir la interpelación”, señaló a este Diario.

Pero la aprobación del CAL es solo el inicio de un largo proceso.

El organismo legislativo debe remitir la solicitud de control político a la Corte Constitucional porque el Vicepresidente tiene fuero. Allí, esa entidad emite el dictamen de admisibilidad, según el artículo 129 de la Constitución.

Con ese informe, el titular de la Asamblea remite el pedido  a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, que avoca conocimiento del inicio del trámite y notifica al Vicepresidente y a los legisladores que solicitaron el juicio, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 90. Ellos tienen cinco días para presentar las pruebas de descargo.  

La Comisión tiene 5 días más para elaborar un informe para conocimiento del pleno. Después, el titular del Legislativo pide difundir ese documento en un plazo de 48 horas. Él tiene 5 días para incorporarlo en el orden del día.

En ese lapso, el Vicepresidente concurre al plenario para defenderse y dos asambleístas ponentes lo interpelan. El Segundo Mandatario se retira y empieza el debate.

En cinco días se convoca a una sesión  plenaria y se vota por su censura y destitución. Para ello se necesitan 91 votos. (I)

DATOS

El pedido de la Contraloría para destituir al Vicepresidente por el caso Singue es un elemento más para el juicio, dice Ricardo Moncayo, de CREO, exintegrante del CAL.

La renuncia está considerada como un camino para evitar el juicio político. Eso evitaría que el oficialismo tenga que escuchar todas las recriminaciones de la oposición sobre corrupción en el plenario.

La ausencia del cargo tiene un conteo regresivo para el Segundo Mandatario. Él pasará de ausente temporal a ausente permanente por el proceso penal. El Presidente enviará una terna a la Asamblea.

En Alianza PAIS existen varias tendencias que incidirán a la hora de votar a favor o en contra de la censura y destitución en el juicio político, dijo Hermuy Calle, de la facción correísta. “Unos serán solidarios con él, otros en cambio no”. (I)

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Defensa de Jorge  G.: Teoría de Fiscal es insostenible

Ayer empezó la segunda parte de la audiencia en la que los abogados defensores de los 13 sindicados en el caso Odebrecht rebatieron los argumentos de la Fiscalía, que emitió dictamen acusatorio.

Previamente, Eduardo Franco, abogado del Vicepresidente Jorge G., manifestó en su cuenta de Twitter: “Fiscal Baca no ha podido establecer la participación del Vicepresidente @JorgeGlas en la supuesta asociación ilícita. Su teoría del caso es insostenible”.

Su reacción se produce luego de que Baca expusiera los elementos de convicción que recogiera durante 120 días, entre vídeos, grabaciones, testimonios y documentos para acusar al Segundo Mandatario y otros 12 implicados en el delito de asociación ilícita. Baca espera que el juez ordene el llamado a juicio.      

La audiencia se inició el miércoles pasado; allí el Fiscal presentó la teoría del caso, así como los elementos para sindicar a cada uno y expuso que la prueba documental que presentará en la audiencia, si así lo dictamina el juez, está contenida en más de 46 mil fojas del expediente fiscal.

Además llamará a 79 testigos y 43 peritos  que trabajaron en la verificación de la autenticidad de vídeos y grabaciones. (I)