El inicio de un examen especial para establecer la legalidad de lo actuado fue lo que dispuso el contralor General del Estado, Carlos Pólit, en relación al contrato suscrito entre el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), para la adquisición de los terrenos del parque Samanes.

“Dicha acción tomará entre 45 y 50 días, dependiendo de la rapidez con que se entregue la información por parte de las entidades relacionadas”, manifestó el funcionario.
Recordó que de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución y con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría, este organismo deberá examinar y evaluar, en término de costo y tiempo, la legalidad,  economía y efectividad de la gestión pública.    

Sostuvo que, más allá de las opiniones y controversias sobre el tema, la acción de la Contraloría del Estado, en este y en todos los casos, es eminentemente técnica y los resultados los conocerá de forma completa la opinión pública.  

Sobre el tema en cuestión dijo que el examen contendrá las conclusiones y recomendaciones para que las autoridades de cada institución relacionada adopte las decisiones que les competan, en el ámbito de sus atribuciones.

“Como titular de la Contraloría hago un llamado a todos los actores, instituciones relacionadas con este proceso, a colaborar de manera oportuna  y completa con el organismo de control, para la más pronta ejecución del examen especial, cuyas conclusiones y recomendaciones son de obligatorio cumplimiento”, manifestó.

Mientras tanto, instó a mantener una actitud de serenidad y confiar en el cumplimiento de los procedimientos que lleven a una justa resolución del impasse.

Tranquilidad en cuarteles

El ministro de Defensa, Fernando Cordero, afirmó que en los cuarteles y dependencias militares hay completa calma, frente a los últimos acontecimientos registrados con el alto mando militar.

Sostuvo que el Presidente de la República tomó una medida necesaria y que solo se adelantó la salida del mando. “Aspiramos a que la situación se normalice y con el nuevo mando nos vamos a reunir para analizar el asunto”.

El funcionario aclaró que el pronunciamiento de la Procuraduría en nada perjudica al Issfa: “Todo lo contrario: están garantizados los recursos”.     

Por otro lado, el bloque legislativo de Alianza PAIS expresó su respaldo al cese del alto mando militar por el “flagrante desacato a la autoridad”, lo que ha degenerado en inquietud dentro de las filas castrenses. “En democracia el alto mando militar no es deliberante, sino obediente a la autoridad civil”, señala un comunicado publicado en las redes sociales.

Por su parte, el presidente Correa envió una carta a los soldados de las FF.AA. En la misiva dice que desde el 2007, “hemos invertido en equipamiento, infraestructura, vivienda fiscal, así como en el aumento de entre 4 y 9 veces los montos de sus salarios y pensiones. Las pensiones para un suboficial pasaron de 385 a 1.898 dólares, las de un coronel de 691 a 2.970 y las de un general de 1.541 a 3.815 dólares entre 2006 y 2015. Los ingresos del Issfa pasaron de 87 a más de 350 millones de dólares en el mismo periodo”.

El Primer Mandatario prosigue: “Jóvenes soldados, a rechazar esas indignas actitudes. Su Comandante en Jefe seguirá luchando por el bien de todos”.(I)

El Issfa solo pagó $ 8 millones por los terrenos

Los predios donde se asienta el Parque Samanes fueron comprados por el Ministerio de Defensa en 1968 para construir un fuerte militar. Pero en 1998 fueron vendidos al Issfa en $ 16 millones, de los cuales solo se pagaron $ 8 millones.

En 2010, los terrenos cambiaron nuevamente de dueños. Esta vez pasaron al Ministerio del Ambiente, que quería construir un parque para suplir la falta de áreas verdes en Guayaquil. Las 3 etapas del espacio fueron inauguradas en este gobierno.

En 2010 se hizo un avalúo que determinó el precio de los lotes, los cuales se vendieron en $ 48 millones. El Municipio local avaluó los terrenos en $ 7.3 millones, por lo que se pagó $ 41 millones de exceso. Por eso la Procuraduría General del Estado ordenó devolver los fondos. (I)