Como una oportunidad para recuperar la democracia y  la institucionalidad del país, que fue “devastada” por el correato, califican analistas consultados por EL TELÉGRAFO a este proceso convocado por el presidente Lenín Moreno.      

Según ellos, el anterior Gobierno fue autoritario, concentró todos los poderes del Estado y los manejó a su antojo. Fue un régimen que persiguió a sus críticos, creó organizaciones sindicales y sociales paralelas a las existentes para mostrar un falso apoyo popular a sus políticas y montó un aparato de propaganda para disfrazar sus criterios en “verdades”, explican.

Por eso las siete preguntas de la consulta son claves para el presente y futuro del país: sancionar de por vida a los funcionarios corruptos; cesar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana; eliminar la reelección indefinida; derogar la Ley de la Plusvalía; incrementar la zona intangible y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní; prohibir la minería metálica en áreas protegidas; y que no prescriban los delitos sexuales contra niños y adolescentes.

La consulta, que será el 4 de febrero de 2018, tiene un eje ciudadano que aborda sus principales problemas y que fue el resultado del diálogo nacional del Gobierno con los sectores sociales. Según una encuesta de Cedatos, de noviembre de 2017, entre el 76% y el 64% de los entrevistados votaría a favor de las preguntas de la consulta. “Si gana el Sí esto será la sentencia a muerte del expresidente Rafael Correa. Él y su grupo tienen interés en perpetuarse en el poder y tapar la corrupción que ha sido denunciada”, explica el politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Gustavo Isch.

Pero hay tres preguntas que atacan directamente  al corazón del correísmo: la reelección indefinida, cambiar las cabezas del Consejo de Participación que eligen a todas las autoridades de control, y la Ley de la Plusvalía. “Esas preguntas arremeten contra los aspectos visibles del legado del correísmo, rechazados por la sociedad. La consulta es para construir una base política para Moreno”, explica el docente de la Universidad Central, Fernando López.

Otros analistas, aunque están en contra de la reelección indefinida porque creen que es un atentado contra la democracia y la alternabilidad, consideran que “la institucionalidad del país es débil porque cada vez hay más consultas para reconfigurar las reglas del juego. Esto el reflejo de lo que pasa en el país”, señala el director de Consultores Políticos Independientes (CPI), Oswaldo Moreno.

La consulta no legitima al Gobierno, pues este ganó las elecciones, aclara el constitucionalista guayaquileño Jorge Zavala.

Es “un cambio en la estructura del Gobierno para coadyuvar al mejor ejercicio de la democracia”, subraya. (I)