El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un organismo que nació a raíz de la Constitución de Montecristi, está en el ojo del huracán.

La pregunta 3 de la consulta propone la cesación de funciones de los actuales consejeros; en su lugar que funcione un consejo de transición, con potestad de evaluar e incluso, dar por terminadas las funciones de las autoridades ya designadas y en funciones.

Estas autoridades son de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, las superintendencias, las defensorías del Pueblo y Pública, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional.

Quienes apoyan la propuesta afirman que los miembros del consejo no cumplieron con las funciones, por las cuales la institución fue creada.

Estas atribuciones son: designar a las autoridades citadas mediante concursos públicos, bajo la vigilancia de veedurías ciudadanas; promover mecanismos de participación y rendición de cuentas e investigar denuncias de casos de corrupción.

Es en el último tema en el que surgen las críticas. Y se toma de ejemplo el caso del excontralor Carlos Pólit Faggioni, reelegido en marzo del año pasado, luego de un concurso, pero que meses después dejó la función por estar involucrado en el escándalo de Odebrecht.

Quienes promueven el Sí y el No en la consulta coinciden en la necesidad de cambios en la entidad. Pero los criterios se dividen en cuanto a la forma que optó el Ejecutivo.

Edwin Jarrín, vicepresidente del CPCCS, es crítico de la interrogante. “Es inconstitucional e ilegal, porque el mecanismo para cesar en nuestras funciones es con un juicio político y eso debe llevarlo la Asamblea Nacional y no un referendo”.

Sostiene que al interior del organismo identificaron puntos que había que mejorar. “En junio del año pasado presentamos una propuesta al presidente de la Asamblea, para reformar normativas que fortalezcan el consejo”.

Pone de ejemplo aspectos como la rendición de cuentas y el no acceso de información que deben tener los ciudadanos, tanto a la Contraloría como a la Fiscalía.

Pero David Rosero, consejero en el período (2010-2015), cuestiona la administración.

Asegura que en procesos de designación de autoridades se registraban irregularidades.

“Yo estuve en el organismo y denuncié cómo esos procesos eran irregulares y que muchas autoridades eran puestas a dedo”, afirma.

A ello suma que a los candidatos que, según él estaban vinculados con el gobierno anterior, se los calificaba “con una vara” y no se aceptaban las impugnaciones por falta de probidad o de idoneidad, mientras a los otros ciudadanos les calificaban de diferente forma”.

Rosero sustenta que esta es la razón por la que hubo un incremento en los niveles de corrupción, pues no permitía la independencia de las funciones. Por ello, respalda la pregunta 3, porque permitirá “sanear la institución”.

Los anexos

La pregunta tiene un anexo que detalla los pasos para aplicar los cambios en caso de ganar el Sí.

En primer lugar establece la terminación anticipada del período de los consejeros. Luego dispone que se agregue un inciso al artículo 112 de la Constitución, negando a partidos y movimientos políticos que presenten candidatos para una futura integración.

El tercer punto consiste en una enmienda a los artículos 205 y 207 de la Constitución, para permitir la reducción del período de sus funciones: de 5 a 4 años, con el fin de que sean electas por sufragio universal junto con las autoridades seccionales, en este caso para febrero de 2019.

El anexo también señala que una vez posesionados, quedarán sin efecto los concursos públicos de oposición y méritos que realiza el actual consejo, para la designación de las autoridades.

Además, el Presidente de la República enviará un proyecto para reformar la ley que regula la organización y funcionamiento del CPCCS, para adecuarla a las enmiendas constitucionales en un plazo de treinta días, para que la Asamblea, sin dilaciones, tramite y apruebe el proyecto en otros sesenta días.

Mientras esto ocurre, habrá un consejo de transición conformado por siete miembros nombrados por el Legislativo, previo envío de ternas por parte del Mandatario.

La institucionalidad

El 21 de enero, el Presidente aseguró en una entrevista que se elabora el perfil para encontrar los “mejores hombres, con trayectoria limpia, de conocido prestigio profesional, que no tengan en su pasado algo que los pueda tachar” y que “no serán amigos ni partidarios”.

A Frankie Ramírez, quien ha participado como veedor en procesos del CPCCS, le preocupa la propuesta, porque considera que se ataca a la institucionalidad.

Aclara que no defienden a funcionarios, sino al organismo como tal, que les dio la oportunidad de seguir no solo el proceso de designación de autoridades, sino de auditar servicios ciudadanos. “El país pedía un organismo de control permanente”.

En diciembre de 2016, la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, parte del CPCCS, y la Fiscalía trabajaban en la investigación de casos de corrupción relacionados a Odebrecht.

La entidad emitió los informes a las instancias como la Contraloría y Fiscalía, y en junio se allanó la casa del excontralor Carlos Pólit.

Luis Fernando Torres (PSC), a pocos días de que el Mandatario anunciara la consulta, expresó que los mejores (hombres y mujeres), imparciales integren el CPCCS para den la oxigenación necesaria.

En ese sentido, el analista Jorge Zavala Egas asegura que este es un proceso necesario “para que no ocurra lo que ya se sabe en la historia y que no vuelva a pasar”. Esto, en relación a la designación del excontralor Carlos Pólit.

Sin embargo, el constitucionalista Kléber Sigüencia puntualiza que para reformar y reorganizar la entidad, se debe asumir dicho cambio con responsabilidad, para evitar “errores pasados”; por ello, espera que haya un “filtro especial” para escoger las mejores carpetas.

El Ejecutivo sostiene que todavía no tiene nombres

Aunque el Ejecutivo adelantó que se diseña la lista de requisitos para el mejor perfil de candidatos que puedan integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, todavía no tiene posibles nombres.

Así lo anunció el presidente Lenín Moreno, el pasado 25 de enero, cuando convocó al sector privado de la construcción a participar en el Plan Casa Para Todos.

“Hacemos una pregunta crucial: Si es que debe o no debe continuar el CPCCS, pregunto yo, ¿cuántos de ustedes fueron convocados a participar en ese consejo? ¿Cómo les parece que funcionó el control social a la corrupción? Entonces, ¿de qué estamos hablando?, se preguntó.

Y aseguró que aún no tiene nombres para integrar las siete ternas para que la Asamblea escoja; por ello, solicitó a los gremios, a la academia, a las organizaciones sociales, a la ciudadanía, a los indígenas, que proporcionen los mejores nombres.

“Ellos deben conformar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, no necesariamente serán amigos, pero lo que sí no serán es amigos de lo ajeno”, recalcó, tras señalar que una vez aprobada por el Legislativo la terna con los nombres, se tomará la decisión. (I)