La Comisión de Límites identifica 768 conflictos territoriales en el país

La Disposición Transitoria Novena de la Ley para la Fijación de Límites Internos, que consta en el Registro Oficial desde el 16 de abril de 2013, señala que las autoridades tienen dos años para determinar sus límites internos. Si aquello no se cumple la ciudadanía podría solicitar la revocatoria del mandato de la autoridad, que puede ser un prefecto o un  alcalde.  

El Comité Nacional de Límites Internos (Conali), encargado de emitir los criterios técnicos y que reemplazó a la Comisión de Límites Internos de la República (Celir), ha identificado 768 conflictos territoriales. De estos 22 son interprovinciales, 175 cantonales y 571 parroquiales.

La mayor parte están en Manabí, que tiene 31 problemas, y Guayas que registra 25, según el Conali.
El titular del Comité, Raúl Muñoz, dijo que han realizado talleres para que las autoridades primero identifiquen sus responsabilidades en la determinación de límites.

“Lo primero que deben saber es que los problemas parroquiales tienen que resolverlos los alcaldes, los cantonales los prefectos y los provinciales deberían estar a cargo del gobernador regional”, explicó.

Pero como no existe este nivel de Gobierno le toca revisarlos al Presidente de la República, según consta en el artículo 11 de la ley, que especifica: el Presidente de la República, con la asesoría técnica del Comité Nacional de Límites Internos tendrá competencia para resolver los conflictos de límites que surjan entre las circunscripciones territoriales regionales que se conformen y en los tramos de provincias, cantones o parroquias rurales ubicados en los límites regionales, sin perjuicio de la solución amistosa a la que estos puedan llegar.             

Para resolver estos inconvenientes hay varios procedimientos, el primero es un acuerdo amistoso o un proceso institucional,  que puede ser a través de la designación de un mediador o una consulta popular. Estos procedimientos los contempla la ley.

El plazo para cumplir con lo que especifica la ley culmina el 16 de abril de 2015. Para conseguir más tiempo para realizar el trámite, el Consorcio de Gobiernos Autónomos del Ecuador (Congope) decidió presentar una solicitud para que se realice una enmienda a la ley y que se extienda el plazo.

Marco Troya, prefecto de Los Ríos, explicó que hay muchas autoridades nuevas que recién empiezan a trabajar en el proceso a partir de mayo, así que no es justo que tengan pocos meses para realizar el trámite y que estén expuestos a una revocatoria del mandato.

La disposición manifiesta: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el plazo máximo de 2 años contados a partir de la vigencia de la presente ley, resolverán los conflictos de límites existentes en sus respectivas jurisdicciones territoriales de conformidad con cualquiera de los procedimientos establecidos en esta ley. El incumplimiento de esta disposición será causal de revocatoria del mandato de los respectivos alcalde o prefecto”.

En el caso de Guayas existe una Comisión de Límites que se creó desde la aprobación de la ley. Xavier Sandoval, presidente del grupo, detalló conflictos que el Gobierno Provincial ni siquiera sabía que existían. 

El prefecto guayasense, Jimmy Jairala, manifestó que el Conali resolvió 4 conflictos. “El Comité nos ha dirigido una comunicación indicando que no eran los 13 conflictos que estábamos manejando hace tantos años, sino solo 9. Pero nos entrega 5 nuevos; entonces, hoy tenemos 14”, explicó el Ejecutivo Provincial.      

Muñoz, representante del Conali, explicó que no se ha resuelto ningún problema limítrofe sino que se han  corroborado los límites y en ese proceso se identificaron los conflictos. Por esto unos salieron de la lista y otros se incluyeron.

Xavier Sandoval, integrante de la Comisión de Límites de la Prefectura del Guayas, detalló que la provincia tenía identificados 12 conflictos interprovinciales aunque para ellos no debería existir ninguno porque Guayas tiene los límites definidos en todos los elementos jurídicos. “La ex-Celir, que jamás le favoreció a Guayas, daba pie a que los conflictos se mantuvieran y no tuvo la entereza de ratificar lo que ya estaba establecido”, enfatizó.

Muñoz explicó que se establecieron zonas en donde hay conflictos, y que dentro de ellas existen varios inconvenientes. Con esta metodología está en desacuerdo Sandoval pues considera que es un error ampliar las zonas de conflicto. “Si ellos dicen que hay una zona no definida ya no estamos hablando de ciertos sectores sino de todo el cordón limítrofe”, explicó.

El técnico detalló que son 1.600 kilómetros los que Guayas tiene en juego. “Estuvimos en procesos de mediación con la Procuraduría General del Estado, tanto con Manabí, como con Azuay, pero nunca pudimos llegar a un acuerdo”, explicó.

“Con Los Ríos estábamos en negociaciones por Matilde Esther (parroquia al este de Guayas) pero estas se detuvieron por parte de ellos cuando se estableció que nosotros (Guayas) teníamos la razón. Nadie quiere perder”, dijo Sandoval. Estos conflictos, según el funcionario, no se habrían generado si la Celir hubiera cumplido su función.

“La Celir debió haber definido claramente los límites de todo el país. Cuando hubo la fiebre de crear cantones en el Congreso se pidió a la Celir dar los criterios técnicos y estos no se cumplieron”, explicó.

Uno de los ejemplos que cita Sandoval es la creación de Camilo Ponce Enríquez (sur del país), que era parte de Tenguel y siempre han existido conflictos de intereses.
Sandoval lamentó que aún se discuta por límites, puesto que los únicos perjudicados son los habitantes de estos sitios.

“Ahora la Prefectura ha querido ir a hacer obras a estos sitios y no se lo han permitido. Hay que recordar que la Ley de Límites dice que cualquier autoridad puede hacer obras, porque eso no genera pertenencia”, acotó.  

Sandoval aseguró que en zonas como Ponce Enríquez o Matilde Esther, los habitantes están conscientes de que el territorio pertenece a Guayas, pero ellos han preferido inclinarse hacia las otras provincias por cercanía y porque dichos sectores son habitados por familiares  de otras regiones.