Ana Lucía Cevallos, jueza de Garantías Penales de Pichincha, negó  el procedimiento abreviado solicitado por Fiscalía, que  pedía una pena de 4 años 8 meses para Álex B., exgerente de Petroecuador, por admitir su culpa en el delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal Franklin Bravo había emitido dictamen acusatorio con base en el informe de auditoría realizado por la Contraloría del Estado, con indicios de responsabilidad penal.  

El informe señala que $ 544.184,79 fueron depositados en las cuentas de Álex B., durante el período que fue funcionario de la estatal, sin que existan documentos que respalden el origen de los fondos.

El procesado ingresó a la empresa estatal el 1 de junio de 2006 y ocupó diferentes cargos hasta ser gerente general. Su salida de la institución se registró el 14 de abril de 2016.

En tanto que, a partir de las 08:15 de hoy, se prevé la realización de los alegatos de clausura dentro de la audiencia de juicio contra 18 procesados por el supuesto delito de cohecho en la empresa estatal.

“Todos los abogados de la defensa prescindimos de los  testigos, por lo que solo se entregará la prueba documental”, dijo Paúl Ocaña, abogado de Arturo E. Con ello se descarta la anunciada videoconferencia de Carlos P. Y.

En este proceso, la defensa técnica presentó las objeciones a la prueba documental presentada por la Fiscalía en esta causa.

Diego Velasco  impugnó el documento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre la relación de dependencia de su defendida Jelice H.  con empresas constituidas en el país.

Un argumento similar sostuvo Velasco con respecto a la imputada Xenia Tomasa P.

Al referirse a Álex B. objetó dos puntos de los documentos presentados por la Fiscalía, ante lo cual el tribunal dispuso que ingresen como prueba y que al momento de resolver se decidirá sobre este particular.

Lorena Grillo, abogada de Javier B., objetó el documento presentado por el fiscal por imprecisiones e impugnó el reporte del IESS sobre las aportaciones de su defendido y por existir un contacto repetido. Arturo P., a través de su abogado Ernesto Albán Ricaurte, impugnó dos documentos: el certificado migratorio que no fue anunciado en la audiencia de dictamen, y el de la asistencia penal internacional.

El fiscal Juan Carlos Zúñiga presentó ante el Tribunal Penal los testimonios de 10 peritos y testigos, así como exhibió los documentos relacionados con contratos y pericias recabados durante la investigación.

Dos funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que elaboraron el reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII 021-2011), señalaron que se habría detectado transacciones financieras entre las empresas offshore Girbra, de Álex B.; Capaya, de Carlos P.Y.; y Escart, de Arturo E. Un perito de la Policía Judicial reveló que se realizó la extracción de información de los dispositivos electrónicos retenidos en el operativo de detención al procesado Javier B., contratista de la estatal.  

Entre los anexos del informe pericial se detallan contratos en el programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas entre Petroecuador y la empresa Oil Services & Solutions (OSS), cuyo presidente es Javier B.

Además, el fiscal entregó documentación que certifica que Álex B., Carlos P.Y., Arturo E. y Paquita M. se desempeñaban como funcionarios de Petroecuador entre 2012 y 2016, tiempo en el cual se cometió el presunto delito de cohecho.

También entregó información sobre los contratos generados en la estatal con empresas contratistas como OSS Oil Service Solutions, MMR Group, entre otras, aparte de transferencias económicas recibidas en las cuentas de Girbra y desde esta hacia Capaya y personas naturales, entre ellas Yolanda P. y Carlos Andrés P. (hermana e hijo de Carlos P.Y.).           

En cuanto a la petición de habeas corpus planteada por Milton Castillo, abogado de Javier B., la jueza de lo Civil, Lizbeth Ron Cadena, la negó y ratificó la prisión preventiva contra el imputado.

En torno al caso de Carlos P. C. y Carlos P. D., procesados por presunto lavado de activos, el juez negó la apelación y ratificó las prisiones preventivas.

Ambos imputados son defendidos por el doctor Alfonso Zambrano Pasquel (foto), un reconocido jurista guayaquileño que anteriormente defendió a la familia Isaías, exadministradores de Filanbanco, por posibles irregularidades en la entrega de créditos de liquidez concedidos por las exautoridades económicas y bancarias.

En 2006, el jurisconsulto fue suspendido de sus funciones como presidente de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia de supuesto soborno interpuesta por el diputado Renán Borbúa. En 2014,  defendió a Wilmer Quezada, investigado por defraudación aduanera. (I)