La presidenta de la Asamblea y el Procurador del Estado deberán presentar una demanda contra los exdiputados que destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Garantías Constitucionales, en 2004, para recuperar lo que el Estado pagó como indemnización a los afectados, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El titular de la Comisión de Justicia, Mauro Andino (foto), indicó que con esto se ejercerá el derecho de repetición contra los responsables del acto, como señala el artículo 11 de la Constitución.

Dijo que esas destituciones fueron ilegales, arbitrarias y abusivas. “Es fundamental que el Estado recupere $ 12 millones de un total de $ 15 millones que debe cancelar por indemnización a magistrados y jueces”, agregó. La Corte Interamericana condenó al Estado a indemnizar con $ 2’222.822,29 a los exjueces del Tribunal de Garantías, y con $ 12’353.709,39 a los de la Corte Suprema.

Insistió que se ha pedido a la Secretaría de la Asamblea las actas, videos, convocatorias a sesiones que formuló el exmandatario Lucio Gutiérrez, para conocer quiénes aprobaron esas resoluciones. Así la justicia establecerá el valor a pagar por cada exdiputado, sin perjuicio de que la deuda se extienda a hijos, familia y herederos.

En tanto que la Comisión de Justicia conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que dispone elaborar un informe para determinar la identidad de los presuntos responsables de esta violación de derechos.

La asambleísta Mariangel Muñoz destacó la necesidad de definir responsabilidades civiles y penales, y ejercer el derecho de repetición contra los diputados que participaron en este caso. (I)