La Asamblea espera que la Fiscalía lance la primera piedra en ese laberinto que se ha convertido la situación de Jorge G. La oposición y parte del oficialismo aguardan a que el fiscal Carlos Baca llame a juicio a los 18 procesados por el caso Odebrecht, entre ellos el Vicepresidente de la República quien lleva una semana en prisión.

La audiencia de evaluación y preparatoria del juicio será el lunes. Ese día será decisivo para los opositores y el ala morenista de Alianza PAIS (AP). Las palabras del Fiscal sobre el grado de responsabilidad de Jorge G. en ese caso de corrupción son clave.  

Para los primeros, eso servirá en función de presentar la solicitud de juicio político en contra del Segundo Mandatario. Así aseguraron a este Diario los asambleístas de todas las bancadas de la oposición.

Para los segundos, eso podría impulsarlos a tomar la batuta en la fiscalización al Vicepresidente, según anunció Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática y miembro  del Bloque de Integración Nacional (BIN).

Roberto Gómez, jefe del bloque de CREO, que lidera el juicio político, señaló que su agrupación presentará el pedido el ‘próximo martes. El juicio no es patrimonio de una sola organización, sino de toda la Asamblea’.

Él dijo que la verdad sobre Jorge G. es tan grande que PAIS ya no puede ocultarla. Coincidió con él, César Rohón, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC_MG). “Nadie es dueño del juicio político. Me parece muy bien que una parte del bloque de PAIS sea interpelante, no se puede tapar el sol con un dedo”.

Para Rohón habrá un solo juicio y varios interpelantes. “Al oficialismo no le quedará más que votar por la censura de Jorge G.”.

Otras tiendas políticas opositoras tampoco tienen reparos a que PAIS presente el pedido para llevar al banquillo de los acusados al segundo representante del Ejecutivo.  

Sebastián Palacios, de SUMA, comentó que ya firmaron la solicitud de CREO e incluso hicieron algunas observaciones al texto para que pase en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

“Apoyaremos a PAIS, tenemos que unirnos todos para el juicio con una sola finalidad: luchar contra la corrupción y transparentar todos estos casos”, argumentó.

En cambio, otros prefieren no apresurarse y pidieron dejar el ‘populismo para abanderarse del juicio’ y trabajar con fundamentos técnicos.

Encarnación Duchi, de Pachakutik y jefa del BIN, recordó que hicieron un llamado a todos los bloques de la Asamblea para sumarse al control político. “Si no tenemos los votos de PAIS lamentablemente no pasará la interpelación”.

El oficialismo también está en espera de la resolución del Fiscal. Carlos Vera, de PAIS, dijo que si hay elementos  de convicción “indudablemente no tendríamos inconvenientes en llamar a juicio. Pero primero tiene que actuar la justicia”, señaló.

Sin embargo, Jorge Yunda, su colega de bancada, está a favor de la interpelación de Jorge G. “Hay que resolver el tema político y la mejor manera es un juicio. Esperaría que el pedido nazca del mismo PAIS”, dijo. (I)

Proceso Jurídico

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se debe presentar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) una solicitud para el juicio político.

Este Consejo de Administración Legislativa verifica si el pedido de interpelación  cumple o no con los requisitos establecidos en la ley. Califica o no esa solicitud.

Si el CAL aprueba el proceso entonces lo envía a la Corte Constitucional (CC) porque así lo establece la Carta Magna para este cargo. Ese organismo emite un dictamen de admisibilidad.

Si el dictamen de la Corte es positivo, el caso regresa a la Asamblea y su titular lo remite a la Comisión de Fiscalización, que inicia el juicio político. Si allí se aprueba el proceso, entonces este pasa al Pleno para su votación final. (I)