El 17 de octubre de 2016, la dirigencia de los movimientos CREO y SUMA anunciaron una alianza política, de cara a las elecciones de febrero de 2017 y que esta continuaría vigente en el actual periodo legislativo. Para ello formaron un bloque.

Una semana después el alcalde de Quito, Mauricio Rodas (SUMA), se reunió con el entonces candidato a la Presidencia de la República (CREO), Guillermo Lasso, para sellar la alianza. Hubo sonrisas, apretones de mano, abrazos y compromisos de trabajar en una agenda conjunta, que incluía, la fiscalización en la Asamblea.

Hasta la semana pasada en que una mayoría parlamentaria aprobó una ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. Previamente, un día antes Lasso publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que anunciaba que los asambleístas de CREO y SUMA votarían en contra del proyecto. Argumentó que era inconstitucional.

Sin embargo, la ley fue aprobada incluso con los votos de la bancada de SUMA; entonces la reacción fue inmediata. Y fue la del propio excandidato presidencial.

Durante una entrevista en Ecuavisa, el líder de CREO dijo que la ley pretende “el asesinato político de Guillermo Lasso porque representamos a la mayoría de los votantes del Ecuador, a más de la mitad de los votantes”.

Y concluyó que lo ocurrido en la Asamblea hace que pierda todo sentido una alianza política o electoral, que no tiene ninguna lógica mantenerla solo por apariencias, por poses políticas o por cálculos. Así termina una alianza que duró cerca de nueves meses.

Para el jefe de la bancada de SUMA, Guillermo Celi, la organización política a la que pertenece y CREO son diferentes, de tendencias ideológicas, simpatizantes y dirigentes propios, que cuando llegaron a la Asamblea se conversó, en un marco de cordialidad, de que existirían temas a favor y en otros en que no estarían de acuerdo y eso es parte de la democracia.

“Por eso, en torno a la ley sobre los paraísos fiscales, estamos a favor porque siempre dijimos que estaríamos del lado de la voluntad popular y nosotros cumplimos con lo que el pueblo ecuatoriano se pronunció; así es como hemos actuado”, manifestó.

Sobre lo que pasará en adelante, reiteró que continuarán con su agenda legislativa donde habrá acuerdos con CREO y en otros no, incluso dialogarán con otras bancadas, porque así es la democracia.

Recordó que SUMA tiene en el Legislativo ocho legisladores, más uno que es de la alianza SUMA-Cambio, de la provincia de Chimborazo, que es parlamentario Israel Cruz, por lo que serían nueve.

Aseguró que ellos, como movimiento SUMA debaten los temas que se tratan en la Asamblea o en las comisiones, las analizan y toman decisiones, como ocurrió con el tema de los paraísos fiscales; luego informaban sus conclusiones al jefe de bloque de CREO, Roberto Gómez.

Aunque reiteró que ellos están a favor del empleo, el emprendimiento y la lucha contra la corrupción, también tiene su propia autonomía y sus iniciativas las trasladan a las demás bancadas.

Mientras que el jefe de bloque de CREO, Roberto Gómez, no quiso ahondar en el tema. Solo reiteró que las cosas están dadas y la relación entre nuestro bloque y con cualquier otro actor dentro de la Asamblea Nacional siempre será conforme a sus postulados.

“Para nosotros es un tema que se trató entre el jueves y viernes. Continuaremos nuestro camino, que es el que los ciudadanos reconocen”. Además, anticipó que no le preocupa una afectación de cara a los comicios de 2019, cuando se escogerán a las nuevas autoridades seccionales. “No se trata de números sino de principios y nosotros creemos que eso es lo importante y debemos defender”.

El movimiento CREO abrió el periodo de elecciones internas, que se realizará en las 24 provincias, el objetivo es fortalecer las bases. (I)

DATOS

La oposición del movimiento CREO a la ley sobre los paraísos fiscales fue la razón del alejamiento. Su líder Guillermo Lasso explicó, antes de su aprobación, que el proyecto era inconstitucional pues una ley no puede contradecir la Constitución.

Basó su argumento en que la norma impone nuevos requisitos para que un ciudadano sea elegido a cargos públicos, pero que no están previstos en el artículo 61 de la Constitución.

Explicó que la norma constitucional establece el derecho a elegir y ser elegido, así como el derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades.

Concluyó que la única manera de un cambio normativo que disminuya derechos es un cambio constitucional.