La Comisión de Fiscalización iniciará 2020 con los juicios políticos en contra de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura.

Durante 2019 el pleno del Legislativo interpeló a la excanciller María Fernanda Espinosa, a Verónica Espinosa, extitular del Ministerio de Salud; y a José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

Durante los dos últimos años el Legislativo tramitó 15 pedidos de juicio político. De estos, siete fueron llevados al pleno de la Asamblea Nacional y tres se archivaron: el de Carlos de la Torre, exministro de Economía; de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio y el de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Tres procesos se quedaron en el limbo: el de Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura; de Christian Cruz, exsuperintendente de Bancos; y de Jorge Glas, exvicepresidente.

A diferencia del período anterior, esta Asamblea Nacional incrementó los procesos de fiscalización. Los legisladores explican que durante la década anterior el Parlamento no fiscalizó debido a sus intereses políticos.

Asimismo, los partidos políticos que presentaron más solicitudes en este ámbito fueron CREO, con 8 pedidos; el Partido Social Cristiano (PSC), con 1; Independientes, con 2; Revolución Ciudadana (RC), 3; y Alianza PAIS, 1.  

Sin embargo, las alianzas políticas son notables en el proceso de recolección de firmas, mas no a la hora de votar por la censura. Un ejemplo de ello fue en el proceso de votación del juicio político contra la excanciller Espinosa. El bloque de RC se abstuvo de votar por la censura de la diplomática, cuando el Partido Social Cristiano afirmaba que contaba con su apoyo.

El legislador Luis Pachala, de CREO, fue enfático al mencionar que su bancada no parará de fiscalizar. Indicó que todos los procesos iniciados por su partido han obtenido resultados debido a que las pruebas de descargo que presentaron fueron bien estructuradas.

Mencionó que el próximo año 2020 se tratará el juicio contra la presidenta del CNE y que no descartan otros procesos a funcionarios de entidades de control o autoridades del Ejecutivo.

En ese sentido, Diana Atamaint, titular del CNE, sostuvo que espera la notificación para presentarse a la Asamblea, pues este es un proceso que le sirve para rendirle cuentas al país, como deben hacerlo todos los funcionarios públicos. Además, sostuvo que detrás del pedido de juicio político está el bloque de CREO, con miras a las elecciones de 2021.

Entre tanto, Pachala resaltó que la actual administración de la Comisión de Fiscalización da apertura y respeta la participación de sus miembros. Además, cumple con el tiempo previsto por la ley. “Reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa es necesario”, comentó Guillermo Celi, de SUMA.

Cree que en materia de fiscalización es importante que todos los juicios vayan al pleno de manera obligatoria. “La Comisión deberá emitir un informe no vinculante, pero los 137 asambleístas, en el pleno, deberán tomar una decisión sobre un juicio político”, aclaró Celi.

Sin embargo, el analista político Gabriel Hidalgo considera que la fiscalización del Parlamento fue precaria. Estima que el proceso de control respondió más a la coyuntura política y que los legisladores afines al Ejecutivo, que presentaron juicios políticos en contra de funcionarios del anterior gobierno, no dieron elementos o evidencias que sirvan a la justicia en procesos penales.

Hidalgo cree que la labor de fiscalización debe tener mayor vocación de investigación. (I)