En la Vicepresidencia hay sigilo. María Alejandra Vicuña suspendió este miércoles 28 de noviembre su visita a Esmeraldas para reunirse con sus asesores y abogados.  

El martes anunció que presentaría una denuncia contra su excolaborador, Ángel Sagbay, por “realizar una campaña de extorsión”, pero el documento no ha llegado a la Fiscalía.

Sagbay aseguró que mientras fue asesor de Vicuña en la Asamblea (2011-2013) él debía entregarle un porcentaje de su sueldo.

La denuncia activó una indagación en la Fiscalía, mientras que la preocupación es latente en la Asamblea Nacional porque debe investigar a la Segunda Mandataria.

Un sector del Parlamento no cree posible un juicio político por dos razones: la primera, los hechos por los que se le acusa ocurrieron cuando fue legisladora en 2011 y 2013, y la segunda, no existe una Corte Constitucional que avale el proceso de censura.

Para CREO sí existen las condiciones para llevar a la Segunda Mandataria a la Asamblea. Guillermo Lasso y Fabricio Villamar dijeron que su bloque liderará el proceso.

Mientras que Luis Fernando Torres (PSC) cree que puede activarse una destitución directa por conmoción nacional, porque un juicio político sin Corte Constitucional no es viable.

La titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, espera definir una ruta en una reunión con el Consejo de Administración Legislativa (CAL) prevista para la tarde de este miércoles 28 de noviembre. No se descarta crear una comisión especial. Desde el Gobierno se ratificó la decisión de respetar lo que resuelvan los otros poderes del Estado.

Andrés Michelena, secretario de Comunicación, sostuvo que no hubo un encuentro personal entre el Presidente y la Vicepresidenta, solo una llamada telefónica el martes pasado. Además dijo que miembros del gabinete sí se reunieron con Vicuña y que le transmitieron los mensajes del Jefe de Estado en el sentido de que se respetará la independencia de poderes.

“Es el trabajo que venimos haciendo desde hace 18 meses: independizar la Justicia, las funciones. Y en este caso de ciertas acusaciones contra la Vicepresidenta, las autoridades competentes actuarán de acuerdo con la ley...”, aseveró.

María Paula Romo manifestó, por su parte, que no “habrá espíritu de cuerpo. Hay la voluntad de que se esclarezcan las cosas y se sigan los procedimientos, pero respetando el debido proceso. El Presidente no es juez y tampoco se cree juez”. (I)