El juicio político contra cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana arrancó oficialmente. La tarde del miércoles 17 de julio, el Consejo de Administración del Legislativo (CAL) calificó dos de las tres denuncias presentadas en su contra.

Una de las acusaciones fue realizada por el legislador Fabricio Villamar contra el  presidente del Consejo, José Tuárez, por cuatro causales que pretenden sacarlo de su cargo.

Las dos más importantes son una presunta violación a la prohibición de desempeñar el cargo si son miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o representantes de cultos religiosos.

Además, de una presunta “falta de probidad necesaria para cumplir las funciones de transparencia que le corresponden por mandato de la Constitución y la Ley”.

La segunda solicitud de juicio aceptada amplió el número de los acusados e incluyó a los consejeros: Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chala. La acusación se basa en el presunto desacato que cometieron al aprobar la creación de un comité para evaluar la conformación de la actual Corte Constitucional.

Según la interpelación, el nombramiento de los jueces constitucionales y otras decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no pueden ser revisados por los actuales consejeros. Esto se legalizó por una decisión de la propia Corte Constitucional.

Con la decisión del CAL, los dos pedidos de juicios serán enviados a la Comisión de Fiscalización y empezará a correr el plazo para su informe final. (I)