El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó un tercer pedido de juicio político en contra de dos vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En esta ocasión contra su presidente José Tuárez y el consejero Walter Gómez.

Aunque no estaba en el orden del día tratar ese punto, los integrantes del CAL resolvieron incluirlo en la sesión de este 23 de julio de 2019. Según una de las integrantes del Consejo, Ana Belén Marín, del oficialista movimiento Alianza PAIS, luego de la calificación el caso irá a la Comisión de Fiscalización

Este es tercer pedido de censura que se impulsa desde la Asamblea. En esta ocasión corresponde a una solicitud de la Comisión de Participación Ciudadana que investigó presuntas irregularidades en la inscripción de Tuárez; mientras que a Gómez por supuestos actos de proselitismo político.

Este caso se unirá al proceso que desarrolla la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Esta mesa legislativa recibió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, quien debía explicar el proceso para la verificación de requisitos de los candidatos al Consejo de Participación.

Las principales dudas eran cómo Tuárez logró evadir los filtros que le prohibían a un representante de la iglesia a postularse para las elecciones de mayo pasado.

Atamaint explicó que dentro de la documentación que presentó Tuárez  no constaba que es sacerdote. Además, recalcó que él entregó una declaración juramentada donde promete que no es afiliado a un partido político o ser representante de cultos religiosos.

La Presidenta del Consejo Electoral aseguró que la comisión encargada de verificar la idoneidad de los postulantes se limitó a cumplir con el reglamento. Es decir a verificar la información que adjuntaba cada participante, pero no se indagó más allá de esos documentos.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, aseguró que seguirá con el proceso de investigación contra los cuatro vocales de mayoría del Cpccs, quienes, por su parte, han coincidido en señalar a las maniobras en su contra como actos de persecución política. 

En el cronograma previsto por esta mesa legislativa se planificó que el próximo lunes los cuatro consejeros presenten sus pruebas de descargo.