Juez rechazó demanda y ordena a Miguel Palacios indemnizar al presidente Correa por daño moral

El juez Wilson Andino, presidente de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), rechazó "por falta de prueba", la demanda interpuesta por Miguel Palacios Frugone en contra del presidente de la República, Rafael Correa.

De acuerdo al dictamen emitido por el magistrado se aceptan la reconvenciones décima segunda y décima quinta, de acuerdo a los fundamentos expuestos y se ordena a Palacios pague al economista Rafael Correa la cantidad de $ 20 mil por cada reconvención aceptada. Es decir, se debe pagar $ 40 mil por concepto de indemnización por daño moral.

El documento señala que la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho de las personas a la honra y a la buena reputación, por lo que el Código Integral Penal establece sanciones a quienes injurien a otra persona.   

Con base al artículo 283 del Código Procesal Civil, la sentencia determinó que Palacios no probó sus afirmaciones "dejando la demanda huérfana de prueba".

Además, el fallo ordenó cancelar $ 6 mil por los honorarios de los abogados patrocinadores de Correa. Ellos son Gutemberg Vera, Alember Vera Rivera y Luis Paredes Espín.

En julio de 2010, Palacios planteó una demanda por supuesto daño moral en contra el Primer Mandatario, por unas declaraciones que hizo en uno de los enlaces ciudadanos, en el cual-según alegó, profirió imputaciones injuriosas y difamatorias contra suya, que le causaron "incontables perjuicios y sufrimientos psiquiátricos, por el impacto que tuvieron esas declaraciones en el pueblo guayaquileño y del país en general".

Ante tal medida, el Jefe de la Nación negó los fundamentos de hecho y derecho de la demanda y expresando que rechaza  "de manera categórica la presentación de la misma, por cuanto no tiene fundamento legal ni moral el demandante para prosperarla".

El juez Andino consideró que Palacios, por medio de sus artículos de prensa, ha señalado que el presidente es un maltratador de mujeres y otros epítetos groseros, es decir, realiza imputaciones de infracciones que no ha podido demostrar. En ese sentido, añade que las afirmaciones del Palacios no contribuyen al debate público respecto de la función Ejecutiva.

La sentencia fue emitida el 1 de junio de 2015. Sin embargo, la defensa del presidente Correa presentó una apelación el 4 de junio.