El eje del juicio político contra el Consejo de la Judicatura se enmarca en si hubo “metida de mano a la justicia” por parte del gobierno de Rafael Correa.

Para los detractores del expresidente, el titular de la Judicatura, Gustavo Jalkh, permitió la vulneración de la independencia judicial.

Ese es el principal argumento de Esteban Bernal, asambleísta de CREO e interpelante del juicio político. Su prueba es un informe de Contraloría sobre los concursos que llevó adelante el CJ.

Y allí empieza a complejizarse el tema, tanto que ahora el proceso político saltó a la Fiscalía.

Jalkh afirma que el informe de Contraloría, cuya orden de inicio se ejecutó en agosto de 2015 y terminó un año después, no establece responsabilidades contra él u otro de sus compañeros.

Asegura que lo único que hay es una observación al banco de elegibles que manejaba el Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado.

Jalkh indica que la Judicatura solo acata lo dispuesto por esta entidad porque cambiar un informe está prohibido por la ley. Pero dentro de las pruebas que se presentaron el lunes 21 de mayo consta una síntesis del informe referido donde se señala a los miembros de la Judicatura.  

Ese documento ahora es el centro de la polémica. La Judicatura pidió a la Contraloría que le diera copia certificada de esa síntesis, que es un resumen que se envía al Contralor General del Estado.

La entidad respondió con una negativa porque es información confidencial, de uso de trabajo y que la entregaría solo con una orden judicial.

Entonces Jalkh pidió que certificara si la síntesis entregada a la Asamblea era la que constaba en sus archivos y la Contraloría dijo que no, que no era la misma.      

De allí Jalkh parte para denunciar ante Fiscalía el uso doloso de documentos falsos, aunque aclara que no mencionará al asambleísta Bernal al considerar que fue engañado. Bernal reaccionó este miércoles 23 de mayo.

Fue a la Contraloría y pidió copia certificada de todos los documentos referentes al examen hecho a los concursos de selección.

Bernal dijo lo siguiente sobre la polémica síntesis: “En el propio juicio político, en la página 7, claramente determino que ese documento lo analizo en el marco del antecedente para acceder al informe, esa información nos advierte a los legisladores, en el marco de mi competencia fiscalizadora, de que existe un informe final”.  

Pero el propio Bernal reconoce que en la parte de responsabilidades no se menciona ni a Jalkh ni a otro miembro del CJ.

“Pero lejos de amilanarnos debería asombrarnos que ante tamaña aseveración de la Contraloría no haya responsabilidades y que se responsabilice a terceros, eso es aberrante”.

La polémica ahora está en manos de la Fiscalía, que podría detectar la comisión de un delito. (I)

DATOS GUSTAVO JALKH

No hay responsabilidades
Gustavo Jalkh presentó un certificado de Contraloría donde se señala que él ni ninguno de sus compañeros fue señalado con responsabilidades.

Denuncia en Fiscalía
El presidente de la Judicatura dijo que como funcionario público está obligado a presentar la denuncia cuando observa la comisión de un supuesto delito.

30 de mayo
Ese día Jalkh y los otros miembros de la Judicatura irán a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para presentar las pruebas de descargo.

Evaluación
El presidente del CJ dijo que respondió al Consejo de Participación Transitorio, pero aseguró que ya hay una decisión tomada y cuestionó la falta de objetividad en la evaluación que realizó el organismo. (I)

DATOS ESTEBAN BERNAL

Judicialización
Para Bernal hay un intento de judicializar la fiscalización. La estrategia, dijo, es la misma que se utilizó contra el exlegislador Cléver Jiménez.

Sospecha
El parlamentario se mostró sorprendido de la celeridad con la que actuó la Contraloría para responder todos los pedidos de la Judicatura.

Apoyo del bloque
El miércoles 23 de mayo, cuando fue a la Contraloría, a Bernal lo acompañó el jefe de bancada de CREO, Homero Castanier, en señal de apoyo.

Fuente de información
Ante los periodistas, Bernal dijo que la información  la obtuvo de la página web de la Contraloría General del Estado. “Ahora resulta que los informes de Recursos Humanos son vinculantes”, cuestionó el representante de Azuay. (I)