El concurso que lideró el Consejo Nacional Electoral (CNE) para designar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2015 estuvo lleno de vicios e irregularidades.

Así lo determinó un examen borrador que la Contraloría hizo a la gestión administrativa, financiera y operativa del organismo electoral entre enero de 2012 a julio de 2018.

El concurso para el Consejo empezó el 5 de enero de 2015 bajo la administración de Domingo Paredes y la etapa final, con la presidencia de Juan Pablo Pozo.

En el examen borrador se detectó, por ejemplo, que hubo postulantes que ganaron el concurso sin cumplir con los requisitos. Sin detallar la identidad, la Contraloría estableció que 10 postulantes para el Consejo de Participación presentaron certificados caducados de no tener contratos con el Estado.

El informe borrador también detectó que dos candidatos presentaron certificados caducados de no tener inhabilidades para ejercer cargos públicos. Pese a ello, los 12 postulantes pasaron a la fase de méritos.

En esa etapa del concurso, según el examen borrador, se entregaron puntajes a documentos que no cumplían las formalidades ni sustentos que exigía la normativa del concurso. También se hallaron irregularidades en la etapa de oposición.

Por ejemplo, no se encontraron las pruebas (físicas o digitales) de los postulantes. A pesar de ello, el CNE aprobó el informe y proclamó a los ganadores (7 titulares y 7 suplentes).

Se designó como consejeros principales para el período de cinco años a Edwin Jarrín, Doris Gallardo, Tito Astudillo, Tania Pauker, Xavier Burbano, Juan Peña y Raquel González. Esta última fue designada titular del Consejo de Participación Ciudadana.

Ese pleno fue denunciado públicamente por su pasado en la gestión del expresidente Rafael Correa y en Alianza PAIS. El cuerpo colegiado fue cesado luego de la aprobación en las urnas de la consulta popular del 4 de febrero de 2018. (I)