El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene pendientes el análisis y la investigación de 2.481 casos por supuestas violaciones de derechos de participación y posibles actos de corrupción.

La cifra corresponde a las denuncias recibidas desde enero de 2016 hasta julio de 2019. De ellos, 1.181 casos fueron enviados durante la gestión del Consejo de Participación Transitorio y otros 1.300 a los consejeros destituidos.

El primer filtro de estas denuncias está a cargo de la Subcoordinación de Admisión Jurídica de la Secretaría de Transparencia. Esa área estudia la pertinencia de las demandas. Unas son enviadas a la Subcoordinación Nacional de Investigación, que analiza los casos de corrupción más grandes. Hasta el momento, 250 han llegado a este despacho.

La Subcoordinación es la encargada de presentar los informes al pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Allí son aprobados y derivados a los organismos de control para su sanción.

Jorge Fabara, secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación, informó que 62 casos están listos para ser conocidos por los consejeros.

El organismo también recibe denuncias sobre gestión de funcionarios, especialmente relacionados con el sistema judicial. De ellas, 755 fueron archivadas, 46 se entregaron a la Fiscalía General del Estado y 302 al Consejo Nacional de la Judicatura.

Fabara recalcó que el organismo no determina responsabilidades, no condena ni resuelve. “Solo consolida los casos y los pone en conocimiento de las autoridades competentes. La Contraloría, la Fiscalía y las superintendencias se encargan de resolver los casos”.

En el Consejo de Participación, hasta este martes 27 de agosto de 2019, no había fecha para empezar el estudio de las denuncias pendientes. Sin embargo, el presidente, Christian Cruz, aseguró que la investigación de casos de corrupción será una prioridad. (I)