El incumplimiento de la entrega de recursos causa malestar entre las autoridades amazónicas, quienes anunciaron que se reunirán con el ministro de Economía, Richard Martínez, con el fin de exigir los fondos que necesitan para avanzar en la ejecución de obras planificadas.

Además no se está cumpliendo con lo que indica la Ley Amazónica, aprobada por la Asamblea en mayo de 2018, señalaron.

Por eso, los representantes del Consorcio de Gobiernos Provinciales Amazónicos del Ecuador (Conga), juntas parroquiales y municipios, solicitaron la cita con Martínez, para el próximo lunes.

“Hoy empieza un viacrucis de lucha por el cumplimiento de la ley”, resaltó el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien también preside el Conga.

Mencionó que existe la preocupación por la deuda que mantiene el Gobierno con la Amazonía, “es de $ 170 millones en toda la región”.

Por ejemplo, el año pasado Zamora recibió $ 7’748.000, y este 2019 deberá obtener el doble por la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, “sin embargo, hasta la fecha no existe el cumplimiento”.

Mientras que el alcalde de Morona, Tarcisio Ojeda, dijo que prevén recibir los recursos en abril para continuar con los trabajos que quieren ejecutar en el cantón.

El funcionario estima que, por la normativa vigente, obtendrán alrededor de $ 8 millones, es decir, $ 4 millones más que en 2018.
“Ojalá el Gobierno transfiera esos recursos de inmediato, y así cada uno de los gobiernos seccionales siga con las obras”.

La Ley Amazónica tiene cuatro ejes fundamentales para favorecer a las provincias de esta región.

El asambleísta por Napo de Sociedad Patriótica e integrante de la Comisión de Biodiversidad, César Solórzano, indicó que el primer beneficio es el económico.

Antes, las prefecturas y municipios de esta región recibían $ 1 por cada barril de crudo extraído, pero desde este año ese valor aumentará a $ 2, que corresponde al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico.

Las juntas parroquiales ya se favorecen del incremento desde el día en que se aprobó la norma. Solórzano dijo que, a nivel general, por la nueva ley, este año deben ingresar cerca de $ 400 millones a la Amazonía.

Esos recursos son adicionales al presupuesto anual que se asigna a los gobiernos seccionales. “El dinero que recibirán, será para obras de saneamiento ambiental, infraestructura básica, como agua potable, electricidad, entre otros”, dijo Solórzano.

El segundo punto de la ley es el educativo, a través de ella se debe crear una universidad en cada provincia amazónica.

El tercer eje es sobre los créditos preferentes para los productores. Y el cuarto se refiere a la contratación obligatoria de mano de obra local.

Para Fernando Callejas, de CREO e integrante de la Comisión de Biodiversidad, la ley es un instrumento importante para el desarrollo de esta región.

“El Gobierno hace su mejor esfuerzo para que esta norma se cumpla. Hay claras directrices para que el dinero se utilice en obras prioritarias”, explicó a este Diario. (I)