El mes pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe sobre el servicio civil en Ecuador.

El presidente Rafael Correa denunció en Twitter su tergiversación y dijo que ese informe era una herramienta de desprestigio contra su administración.

“La última farsa: de acuerdo a informe del BID, Ecuador tiene la segunda peor burocracia del continente. Y empiezan a desfilar los pseudoanalistas y opositores disfrazados de dirigentes laborales. Omitieron decir que es un informe de 2011 con datos de 2004 al 2010. Es decir, antes de nuestro gobierno. La realidad es que el estado central ecuatoriano ya está entre los más eficientes de la región”, criticó el Primer Mandatario en la red social.

El documento se titula ‘Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Ecuador’. Como  señala, el estudio se dedica exclusivamente al país y recoge datos de 2011.  

Es básicamente una comparación con otro reporte de 2004, en que Ecuador obtuvo magros resultados. La implementación de la Constitución de Montecristi, en 2008, y la aplicación de un nuevo marco jurídico motivaron la investigación.

La intención era comparar dos modelos: el primero aplicado en 2004, en un contexto de políticas de flexibilización laboral, y el segundo para desarrollar normas de selección y de homologación salarial. “El servicio civil ecuatoriano se encontraba en una situación de gran debilidad. La fragilidad tenía una serie de causas concurrentes que, sumadas, impactaban muy negativamente en el sistema en general”, recuerda el informe del BID. (LEA EL INFORME DEL BID)

No había criterios de mérito. “Los concursos realizados para cubrir vacantes disponibles eran contados, y en esos pocos casos se trataba de concursos cerrados en los cuales solamente podían participar servidores en funciones”, describe.

A eso se añadía la dispersión e inequidad de las remuneraciones. Había un gran número de categorías remunerativas y no existían mínimos y máximos. Debido a esta ausencia de políticas claras el país carecía de  incentivos para la atracción, retención y motivación de los servidores públicos. “La falta de equidad salarial, de una carrera administrativa y de incentivos no monetarios (por ejemplo, la formación) afectaban el centro incentivador del sistema”, indica el texto.

Tampoco había planificación general, lo que ocasionaba debilidad en la entidad rectora como centro de diseño y coordinación y en la insuficiencia y dispersión de la información sobre los recursos humanos del Estado.

Lo cierto es que la investigación establece parámetros comparativos. El reporte evalúa la eficiencia, el mérito, la consistencia estructural, y las capacidades funcional e integradora sobre 100. En todos los apartados

Ecuador mejora su calificación, excepto en la última donde la cifra no varía, en comparación con lo obtenido en 2004.

Cada apartado tiene criterios específicos que son explicados en el informe. Y al final están las conclusiones.
“Al año 2011, el cuadro de situación presenta algunos progresos, considerando el carácter muy reciente que tiene el reinicio de la reforma. En términos generales, se ha comenzado a abordar la mayor parte de las debilidades descritas”, asegura el documento.

El reporte destaca los concursos abiertos de oposición y mérito que en 2011 recién empezaban y que ahora son más generalizados, la elaboración de manuales de puestos, la homologación salarial con mínimos y máximos, el actual trabajo sobre los incentivos monetarios (bonificación por desempeño), el desarrollo de un sistema de información integral y el fortalecimiento del sistema de gobierno del servicio civil. En este último caso sobresale el caso de los profesores, que tras una evaluación pueden optar por estudios de cuarto nivel, si es que obtienen un alto puntaje.

“Desde una perspectiva más general se percibe una mayor preocupación por hacer de las instituciones públicas actores eficaces y eficientes en la implementación de las prioridades de gobierno contenidas en el Plan Nacional del Buen Vivir”, acota.

El informe también hace observaciones. No todas las líneas de acción han sido desarrolladas completamente. Pone como ejemplo la homologación salarial, los concursos y la elaboración de manuales de puestos. En algunas casos, señala,  falta todavía hacerlas extensivas a la totalidad de las instituciones o suprimir ciertas distorsiones que limitan su potencialidad. Todo eso al año 2011.

El BID considera que se puede mejorar el sistema de incentivos a través de una carrera administrativa o la generación de estímulos no monetarios como la formación. También recalca la importancia de la planificación de recursos humanos.

“Esta suma de logros y desafíos pendientes hace que aún no se pueda hablar de un progreso sistémico del servicio civil ecuatoriano, es decir, de un avance homogéneo en todos los subsistemas e índices y para todas las instituciones públicas, sino que se trata de un inicio promisorio que necesita ser profundizado y, sobre todo, sostenido en el tiempo”, aclara.

El informe llega en momentos en que el país discute cambios al Código de Trabajo y una enmienda constitucional para unificar el marco jurídico en el sector público.

DATOS

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue realizado por tres autores:

Juan Carlos Cortázar Velarde es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Gestión y Políticas públicas por la Universidad de Chile y tiene un doctorado de la Public Management de la London School of Economics and Political Science (LSE). Trabaja en el BID como Especialista Líder en Modernización del Estado de la División de Capacidad Institucional del Estado.       

Mario Lafuente es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y Máster en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland-College Park. Trabaja en el BID como Especialista Senior en Modernización del Estado de la División de Capacidad Institucional del Estado. Tiene experiencia en la elaboración de estudios y proyectos de gestión pública en varios países de América Latina. Trabajó antes para el Banco Mundial.   

Mario Sanginés es licenciado en Economía por la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Vanderbilt, donde fue becario Fullbright. Trabaja en el BID como Especialista Principal en la División de Capacidad Institucional del Estado y coordina el programa de gestión pública del Banco para México, Centroamérica y República Dominicana. Trabajó anteriormente en el Banco Mundial.

El análisis del nivel de desarrollo del servicio civil en 16 países de América Latina entre 2011 y 2013 usa una metodología de evaluación de 33 puntos críticos que conforman los subsistemas de servicio civil, basados en la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP).