El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, aseguró que esta semana difundirá  un nuevo listado de más de 500  empresas fantasmas que vendían facturas para que los contribuyentes puedan simular pagos con la finalidad de evadir impuestos.

La semana pasada la Fiscalía y el SRI puso al descubierto una de las redes más grandes de defraudación tributaria en el Ecuador, que operaba con la fachada de 64 compañías fantasmas (ver gráfico) que negociaban con facturas.

El monto del perjuicio es 4 veces más que la trama de Odebrecht. “Solo en esta red son cerca de 6.000 contribuyentes. Debemos romper la trampa de la informalidad”, indicó Orlando.

El funcionario aseguró que están  combatiendo esta forma de corrupción de origen privado y que podría tener incidencia en el cometimiento de otros delitos, incluso con la participación de funcionarios públicos.

La red, liderada por Jaime G., habría creado las 64 empresas de papel que emitían facturas que las entregaron a 5.954 clientes por un monto de más de $ 596 millones, con un perjuicio para el Estado que supera los $ 200 millones.

Durante el operativo efectuado en Guayaquil y Salinas se allanaron 11 inmuebles y se detuvo a 6 personas, quienes luego de la audiencia de flagrancia quedaron con prisión preventiva, mientras se desarrolla la etapa la instrucción fiscal.

A nivel nacional, de 2010 a 2016, el SRI ha identificado 512 empresas fantasmas que habrían emitido facturas falsas por $ 2.100 millones a 15.719 contribuyentes, con perjuicio al Estado de $ 655 millones en Impuesto a la Renta e IVA. Las 64 empresas fantasmas de propiedad de Jaime G. representan el 30% de la trama general de esas compañías.

Desde enero de 2017, también se han presentado a la Fiscalía un total de 100 denuncias penales en contra de 184 personas, que registraron transacciones inexistentes por un valor aproximado de $ 210 millones, con un perjuicio al Estado cercano a los $ 65 millones.

“Hemos identificado estructuras  de contrabando, sobornos, con el simple ánimo de evadir impuestos, así como tramas de lavado de activos y testaferrismo”, dijo Orlando.

Por este motivo advirtió que a todos los contribuyentes involucrados se los va a procesar penal y administrativamente. “Tenemos identificadas por lo menos 3 redes importantes. En Manabí desarticulamos una, dirigida por una persona natural, y otro caso por venta de insumos médicos”.

Todas las empresas del entramado  evidenciado en Guayaquil están inscritas en la Superintendencia de Compañías con diferentes estatus. Por ejemplo, Gotoconstru S.A. es la que emitió la mayor cantidad de facturas: por $ 35 millones.

En la base de datos de la Superintendencia de Compañías figuran como accionistas Tatiana Yuri Fajardo Alarcón y Manuel René Rivas Anchundia, quienes reportan como capital de la empresa $ 1 millón.

La compañía que le sigue en la lista de investigadas está Agroclientes S.A., que emitió facturas por más de $ 34 millones. En esta fungen como accionistas Santiago Luis García Williams y María Sonia de Jesús Williams Williams, con un capital reportado de $ 1 millón.

El abogado tributario Jorge Tamayo indicó que el SRI tiene un buen sistema de control y el personal capacitado para descubrir estos ilícitos. “El SRI, una vez que identifica al evasor, le envía primero una  notificación para que justifique los valores reales, caso contrario lo denuncia ante la Fiscalía, la cual inicia el proceso legal de acuerdo a lo estipulado en al artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

Dicho artículo señala que la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de hasta 7 años, en estos delitos identificados por el SRI.

El titular del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, se refirió meses atrás a un estudio realizado por la entidad en 2016, el cual concluyó que existe una pérdida anual para el Estado de $ 300 a $ 400 millones por evasión de impuesto. “Desde 2000 hasta marzo de 2016 alcanzaría el 28%, cerca de $ 4.500 millones que ha dejado de percibir el Estado”.

La principal afectada, la sociedad

La defraudación tributaria provoca perjuicio a toda la sociedad, ya que son ingresos que se podrían utilizar en la realización de obras. Por ejemplo, solo la evasión generada por las 64 empresas que vendían facturas y que causó más de $ 200 millones en pérdidas al Estado, habría financiado la construcción de otro mega hospital del IESS en el sur de Quito, el cual costó $ 198 millones y beneficiará a 1,2 millones de personas.

Esa casa de salud, que será inaugurada el próximo 5 de diciembre, tiene 5 torres, es el más grande de la capital y generará 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos. Tiene capacidad para 450 camas y atenderá en 36 especialidades médicas.

En cambio, con $ 4.500 millones que se han evadido desde 2000 se podían hacer 35 hospitales como el del Guasmo Sur en Guayaquil, que beneficiaría a 200 mil personas. (I)

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La resolución faculta al SRI a publicar nombres

Mediante resolución publicada en el Registro Oficial del 17 de agosto de 2016, se estableció que la utilización de empresas consideradas como inexistentes o fantasmas, así como de personas naturales y sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes, serán consideradas como prácticas de planificación fiscal agresiva.

En esta línea, otra resolución publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial del 16 de febrero de 2017, se reformó para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) pueda publicar los nombres de los contribuyentes que intervienen en dichas prácticas, que no justifiquen la realidad de las transacciones consideradas como inexistentes o que no corrijan su comportamiento detectado mediante la sustitución de las declaraciones correspondientes.

En la mencionada resolución también se establece el procedimiento de identificación y notificación de los sujetos pasivos que para efectos tributarios serán considerados como empresas inexistentes o fantasmas, así como personas naturales y sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes.

Luego de la revisión del SRI a las direcciones de las empresa indagadas se verificaron lugares inexistentes o inmuebles que no permitirían la realización de grandes operaciones.

El SRI asegura que realiza investigaciones exhaustivas a las presuntas empresas fantasmas para reducir estas prácticas y asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. (I)