El titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa, comunicó ayer algunos casos de corrupción que habrían ocurrido en la gestión del líder del movimiento político Avanza, Ramiro G., y que fueron denunciados a la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que esta haya indagado.

Actualmente la FGE está investigando un posible enriquecimiento ilícito de Ramiro G. Sin embargo, Espinosa informó que visitó al anterior fiscal, Galo Chiriboga, para entregar los documentos que evidenciarían un posible caso de corrupción en la gestión del exdirector del IESS, Ramiro G.

Espinosa anunció algunos de los ejemplos de la información que entregó a la FGE. Uno de ellos fue de medicina adquirida en exceso sin que el IESS la hubiese solicitado, además de que llegó a caducarse y no se ejecutó el sistema de emergencia para comprarla.

“Tampoco se cumplió lo que dice la ley, es decir devolver la medicina  cuando esta va a caducar para que el proveedor entregue otra con una nueva fecha”, señaló.

Además manifestó que la empresa, radicada en la India, ya no existe. Otro ejemplo fue el de la adquisición de equipos oftalmológicos que alcanzaban los $ 30 millones.
“En Santo Domingo se encontraron equipos abandonados y que no fueron solicitados, puesto que no había necesidad ni tampoco se contaba con el especialista de la rama”, dijo.

Frente a esto, la Contraloría General del Estado ha realizado 420 auditorías al IESS y, según dijo Espinosa, “muchas de ellas corresponden al período de la administración de Ramiro G.”. Agregó que más de una decena tienen que ver con indicios de responsabilidad penal.

Aciess permite combatir la corrupción

Espinosa presentó ayer el nuevo sistema de prevención contra la corrupción (Aciess).

Después de una contratación inicial para Pichincha por un monto de $ 20.000, el programa Aciess será implementado en todas las provincias del país. La inversión a nivel nacional, dijo, sería de $ 120.000.

Aciess es una herramienta que tiene 3 ejes de trabajo: prueba de confianza; denuncias en el call center; y transmisión en vivo de todos los procesos de contratación (vía streaming). El eje que abarca pruebas de confianza está centrado en realizar test a los funcionarios encargados de las contrataciones para el IESS. Espinosa comunicó que ya han sido realizados exámenes a las primeras 60 personas.

En el segundo eje, la ciudadanía podrá comunicarse gratuitamente al 1800-ACIESS para realizar denuncias formales e incluso anónimas. “Para nosotros es mejor tener datos completos, y para aquellos que nos los otorguen guardaremos absoluta confidencialidad”, prometió.

Una vez receptada la llamada se somete a una investigación y los resultados son entregados tanto al denunciante como a la ciudadanía por medio de publicaciones de prensa.

Finalmente, Espinosa recalcó, en el tercer eje, que el IESS es la primera institución que pone a disposición de la ciudadanía y los proveedores el acceso público, vía internet, de todos los procesos de contratación dentro del IESS.

Como aporte para este programa también hay un instructivo que estipula que ninguna persona que haya hecho contratación pública puede reunirse con el proveedor fuera de los lugares adecuados para estas reuniones, que son las instalaciones donde funciona Aciess. “Si no sería inmediatamente destituido. Aunque no sepamos el tema que trataron, con tan solo la reunión será destituido”, anunció.

Agregó que si se está produciendo una contratación y llegase a fallar el internet se tendría que parar el proceso que se encontraba presentando vía streaming. Aciess cuenta con dos salas de negociaciones y apertura de sobres y una de pruebas de confianza.

Motivos para implementar Aciess

Espinosa comunicó que se realizaron investigaciones a 469 casos en los que posiblemente se habrían presentado hechos de corrupción dentro del IESS.

Estas indagaciones nacen después de que el director provincial reportara que una persona lo habría querido coimear para que se le entregase la licitación para la compra de aires acondicionados y equipamiento médico.

En este caso, recurrieron a la Policía Judicial y con la incorporación de cámaras evidenciaron la entrega de los primeros $ 10.000 de coima que intentaban entregar al funcionario.

Posteriormente a este hecho se realizaron las investigaciones y de las 469 personas indagadas, 53 fueron detenidas y, de ellas, 21 han sido sentenciadas. Además 219 personas han sido destituidas.

Los 469 casos, dijo Espinosa, fueron investigados tomando en cuenta a los funcionarios que prestaron sus servicios en todas las administraciones, incluida la actual. (I)