¿Las garantías que establece la Constitución de 2008 para los pueblos y nacionalidades ancestrales les otorga la facultad de ejercer su propia jurisdicción en los territorios que ocupan?
Bajo ningún concepto. Aquello sería atentar contra el principio constitucional de unidad del Estado. Somos un Estado único e indivisible.
El artículo 1 de la Constitución señala: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Cualquier manifestación separatista es contraria al ordenamiento jurídico vigente. La definición de pueblo y nacionalidad ancestral no es sinónimo de división e independencia.

No permitiremos la manifestación de actos que promuevan la división del Estado. Como Gobierno hemos apoyado a todas las comunidades, como nunca antes en la historia. Para nosotros son importantes, pero no permitiremos ningún acto separatista. Se imaginan que con el argumento de que son pueblos ancestrales, una comunidad decida quién puede usar el espacio aéreo circundante a su sector, o que decidan quién puede y quién no transitar las vías cercanas.

Analistas estiman que esos derechos constitucionales han sido mal entendidos por Sarayaku y que ello podría incidir en otras comunidades. ¿Es posible revisar la Constitución de Montecristi para aclarar este aspecto?
No ha existido ningún mal entendido. Las normas constitucionales son muy claras y conocidas por todos. Lo que se presenta en Sarayaku es una utilización política perversa por parte de algunos dirigentes. Todos los ecuatorianos, sin excepción, incluyendo los pueblos ancestrales, se rigen por un mismo cuerpo legal. No permitiremos estos actos políticos que tratan de dividir el Estado.

Es una actitud irresponsable de políticos oportunistas, disfrazados de dirigentes, quienes están promoviendo estas acciones y el Ecuador entero lo debe rechazar. Aceptarlo sería fomentar la anarquía, el separatismo, la división. Nos mantendremos firmes en rechazar esos actos y en identificar y sancionar, siguiendo el debido proceso, a los responsables. Somos un estado de derecho.

¿La Secretaría Nacional de Gestión de la Política ha tenido acercamientos con el pueblo Sarayaku para evitar que se afecte el estado de derecho?
Nuestro trabajo como Secretaría de la Política es de cobertura nacional y mantenemos acercamientos con organizaciones sociales en general.

En el caso puntual de nuestro acercamiento con las comunidades indígenas del Oriente ecuatoriano, la gobernadora de Pastaza, Denise Coka, ha mantenido diálogos con los dirigentes de las comunidades indígenas Pacacu, Jatumolina, Sarayativo y Canelos, quienes no están de acuerdo con la posición de la comunidad Sarayaku de proteger a prófugos de la justicia. Así lo evidencia el comunicado del Consejo Kichwa de Pastaza, emitido el 8 de mayo.

Por otro lado, la Subsecretaría de Diálogo Social –de nuestra cartera de Estado- está en un proceso dirigido a la firma del Convenio Marco de Gobernabilidad con la dirigencia Kichwa de la Amazonía, como la FICAE (que agrupa organizaciones kichwas de Orellana), FOIN (integrada por organizaciones kichwas de Napo) y  con la Fonakise (formada por organizaciones kichwas de Sucumbíos). Antonio Vargas, dirigente de las organizaciones kichwas de Pastaza, por ejemplo, también ha mostrado su total desacuerdo con la postura del pueblo Sarayaku.