De los 54 fondos previsionales cerrados que, al parecer, tienen recursos públicos, el presidente Rafael Correa señaló que al menos 11 de ellos sí cumplen con esta condición. Es decir han recibido aportes estatales. Ese es un requisito para que pasen a manos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Durante el último enlace ciudadano, el pasado sábado, el Primer Mandatario mostró los porcentajes que recibieron de recursos públicos estos fondos, como el del Ministerio de Finanzas, Banco Nacional de Fomento (BNF),Contraloría General del Estado, Tame, entre otros. Todos ellos recibieron aportaciones estatales hasta 2008, cuando se prohibió estas prácticas.

Según la Superintendencia de Bancos (SBS), en el país están registrados 64 fondos complementarios previsionales cerrados: 54 corresponden al sector público. En ellos se reportan 206.831 partícipes.

Una de las condiciones que ha impuesto el Gobierno para que estos fondos pasen al Biess es que en algún momento de su existencia hayan recibido recursos públicos. Correa reconoció que uno el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) ha recibido menos aportes del Estado.

Pero su titular, Juan José Castelló, negó que desde su creación, en 1991, hayan recibido fondos públicos, ni del Ministerio de Educación, como lo afirmaron autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante una reunión realizada en el Palacio de Carondelet el pasado domingo 17.

Según Castelló, desde su creación el financiamiento se compone del 2% del afiliado y 1% del empleador público o privado. Esto se basó en la Ley del Seguro de Cesantía del Magisterio creada en 1951 y en 1952 se reformó para hacerla extensiva a los afiliados, públicos y privados.

Dijo que en 2005, con la aprobación de la Superintendencia de Bancos y Seguros y del Consejo Directivo del IESS, se liquidó el contrato de cesantía adicional entre el Ministerio de Educación y el IESS. Entonces se firmó un nuevo contrato de administración entre la misma cartera de Estado y el FCME, como nuevo administrador de la cesantía adicional del magisterio.

Aclaró que lo que se transfirió del IESS al FMCE fueron recursos del Seguro de Cesantía Adicional, es decir el 3% del salario de maestros, sin aportes del Estado.

Castelló propone la posibilidad de que si algún fondo ha recibido aportes estatales, ese segmento pueda ser entregado al Biess o al Ministerio de Finanzas, y el resto de recursos se mantenga en los respectivos fondos previsionales.

Correa dijo que esto sería válido, pero tendrían que incluirse otros condicionantes: la devolución de los recursos estatales con sus respectivos intereses; demostrar que los aportes fueron estrictamente voluntarios; asegurar que los participantes pueden retirar su dinero en cualquier momento; y garantizar una petición expresa del 50% más uno de los participantes solicitando que sus aportes permanezcan en el fondo privado.

Para la creación del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la del BIESS cientos de maestros afirmaron que fueron obligados a aportar en el FCME.

En tanto la Superintendencia de Bancos empezará una auditoría a los 54 fondos previsionales, que entre todos ellos suman $ 930 millones. Su titular, Pedro Solines, explicó que el 1% del aporte patronal, se entiende, fue del Estado en el caso de las instituciones públicas.

En el caso del BNF, Correa dijo que el Estado aportaba con el 67%.

Jack Veloz, representante de este fondo, explicó que se demostró que los recursos que recibieron del Estado perdieron su calidad de públicos y hoy son privados. “Estos aportes se dieron por disposiciones del directorio del banco en 1979”, recordó el dirigente.

En tanto, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que el tema todavía se encuentra en análisis y aseguró que no se van a perder ninguno de los aportes por el traspaso al sector público.

Datos

La Asamblea Nacional debate el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la del Biess. Entre los objetivos está incentivar una política de ahorro.

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) registra un total de 64 fondos complementarios previsionales cerrados del país, donde se reportan 206 831 partícipes.

De estas entidades: 54 corresponden al sector público.

En el caso de la Contraloría, su titular, Carlos Pólit, pidió una auditoría externa para el fondo previsional cerrado de esta entidad que beneficia a los jubilados de esta institución. Es la primera vez que la Contraloría se someterá a una auditoría de este tipo, lo que fue destacado por Rafael Correa.