La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) vive momentos difíciles. La abrupta disminución de los recursos, provenientes de donaciones de países miembros, de organismos no gubernamentales y de Estados europeos, ha obligado a sus miembros a lanzar la alarma. El pasado 23 de mayo la entidad emitió un comunicado. Allí cuenta la crisis financiera extrema que soporta, con graves consecuencias en su capacidad para cumplir su mandato y funciones básicas.

También anunció que el 31 de julio próximo se vencen los contratos del 40% del personal y no cuentan con los fondos ni con la expectativa de recibirlos para renovarlos, por lo que perderán gran parte de su plantilla. Por eso el organismo suspendió las visitas previstas para este año, así como los períodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.

Según el presidente de la Comisión, James Cavallaro, “no es la primera vez que a la CIDH le faltan recursos. Pero este año la crisis se agudizó”. Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador reiteró su propuesta para fortalecer la institución. La idea es que ya no depende de países ajenos a la región o de organizaciones de derecho privado.

El secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, consideró muy difícil justificar ante Europa la demanda de ayuda, cuando el sistema no financia a los órganos de derechos humanos para proteger a los ciudadanos de sus países.

Quito ha propuesto, desde años anteriores (la última vez fue hace 2 años), que los países miembros aporten con sus recursos. Eso permitiría que la CIDH ya no dependa de las donaciones.

Al momento, el presupuesto de la CIDH (estimado en casi $ 8 millones al año) se financia de aportes regulares como la OEA que da el 6% del total. También hay fondos específicos, que se compone de tres fuentes: dinero adicional de los Estados miembros, donaciones de otros gobiernos (principalmente europeos), dinero de organizaciones filantrópicas privadas.

Para el excanciller Francisco Carrión, lo ideal es que haya una voluntad política de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de hacer un aporte en recursos al funcionamiento de la Comisión.

Otra opción, a su criterio, es que la propia Comisión pueda salir de Washington (donde tiene su sede) a otro país de Latinoamérica, que sea parte del Sistema Interamericano, ya que eso le permitirá, entre otras cosas, reducir los costos.

“Otra salida es que todos los países del Sistema ratifiquen la convención y con eso se debería suscribir y ratificar las convenciones de defensa de derechos humanos de la región”. El exdiplomático sostiene que muchos países que son parte del Sistema hablan sobre la defensa de los derechos humanos, pero no se comprometen al momento de dar un aporte económico.

Para el analista Carlos Estarellas Velásquez, es lamentable que un organismo importante para los ciudadanos de la región, como la CIDH, esté en crisis porque afecta a aquellos ciudadanos a quienes se les niegan sus derechos fundamentales en sus propios países. Por esta razón considera necesario que los Estados miembros, entre ellos Ecuador, soliciten una reunión para buscar una forma de aportar.

“Deben ser los Estados miembros los llamados a aportar, lo lógico sería que los Estados vean la posibilidad de que el organismo salga de esta situación penosa y que se encuentre la alternativa más rápida para poder salir de la crisis”, afirma.

Discrepa con Carrión respecto de la salida del organismos de la capital estadounidense, al menos por ahora. “No lo veo tan fácil en este momento que salga de Washington, el hecho de trasladarse a otro país les va a significar más egresos”.

Además, tendrían que ponerse de acuerdo los países miembros para definir en dónde sería la sede y eso va a demandar tiempo y por ende retrasar las demandas que reposan en la comisión.

Recalca que tanto la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte de un sistema de protección, auspiciado por la (OEA), lo cual es positivo para precautelar los derechos humanos de las personas que son parte de los Estados miembros. (I)