Como si se tratara de una estrella de cine, el expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) se presentó en Guayaquil ante sus coidearios después de 8 años de asilo político en Panamá. Al ritmo de los Iracundos, sobrevoló en helicóptero la avenida 9 de Octubre. Ya en tierra, se subió a una tarima y desde allí pidió a la multitud su voto a cambio de una escuela. Al ‘pueblo’, como se refirió a sus simpatizantes en varias ocasiones, le aseguró haber regresado “más maduro, pero más loco”.

Ese fue el ambiente que Ecuador vivió hace 10 años -según lo recoge la prensa de la época- tras la decisión que tomó la polémica Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Guillermo Castro, alias ‘Pichi’, de anular los juicios por delitos penales  en contra de los exmandatarios Bucaram, Alberto Dahik y Gustavo Noboa. Con ello, su retorno al país se hizo realidad.
Desde la tarima, en el parque Centenario, Bucaram, luego de unas horas de haber arribado al país (la madrugada del 1 de abril de 2005), les advirtió a sus partidarios y enemigos políticos: “¡Tiemblen porque volví!”. Sin embargo, el país no tembló, sino que salió a las calles a protestar en contra del régimen de Lucio Gutiérrez, responsable del regreso de quienes -para la ciudadanía- habían destruido a Ecuador.

La tan esperada derogatoria de la ‘Pichi’ Corte se consumó el 15 de abril de 2005, pero no fue suficiente para calmar la indignación ciudadana.

 Quito se declaró en rebeldía y protagonizó una semana de protestas que concluyeron con el derrocamiento de Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP).

Uno a uno llegaron al país

Hace una década, un día como hoy, las portadas de los diarios ecuatorianos anunciaban lo que desataría el caos en los días posteriores (ver gráfico). Ese mismo día, en horas de la tarde, el primero en arribar al país desde Costa Rica fue el exvicepresidente Dahik (gobierno de Sixto Durán-Ballén, entre 1992 y 1996). Allí felicitó a Castro, por invalidar el juicio por peculado que pesaba en su contra por gastos reservados por $ 4 millones. Además, acusó al exlíder socialcristiano León Febres-Cordero de ser “el capo de la Función Judicial y gestor de las persecuciones políticas”.

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El segundo en arribar a Ecuador fue el también acusado por peculado expresidente Bucaram (1996-1997). Llegó junto a su esposa a las 00:53 a Guayaquil, donde sus hijos ‘Dalo’ y Linda lo recibieron. Bucaram se vio envuelto en el caso ‘Mochila escolar’ y se le atribuía haber sacado en 11 costales $ 3,5 millones cuando huyó del país.

El último en regresar fue Gustavo Noboa, quien tomó la Presidencia luego de la caída de Jamil Mahuad en 2000. Antes de su regreso, el 3 de abril de ese año, Noboa, quien estuvo asilado alrededor de 2 años en República Dominicana, por supuestamente perjudicar al país en la renegociación de la deuda externa, calificó de ‘buena’ la labor de Gutiérrez, a quien durante su período le otorgó amnistía por el golpe contra Mahuad. Los exgobernantes, excepto Noboa, decidieron quedarse por cortos períodos de tiempo: Dahik 15 días y Bucaram 1 mes.

¿Qué era la ‘Pichi’ Corte?

‘Hay que despolitizar la justicia en Ecuador’, ‘La Función Judicial está secuestrada por el PSC’, ‘Lo que queremos es quitar el poder del PSC en esta función’, eran varias de las consignas que diputados de la mayoría del Congreso en ese entonces (PSP, MPD, PS-FA, DP; CFP, PRE, Prian) decían a fines de 2004. Por ello, el 25 de noviembre de ese año, la mayoría autodenominada ‘institucional’, decidió cesar en funciones a los vocales del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y ubicó a sus representantes (ver cronología).

Los temas de fondo que seguían en la agenda eran la designación del Fiscal General y las nuevas autoridades del Congreso, y la reorganización de la Corte Suprema de Justicia, lo que se concretó en la madrugada del 9 de diciembre de 2004. Este tema era decisivo -según la prensa de la época- pues la CSJ tenía que elegir a sus integrantes ante el Consejo de la Judicatura y, a su vez, este órgano debía remitir al Congreso la terna para Fiscal.

El director nacional del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís, manifestó en ese tiempo: “Si no lo hacemos, la terna para Fiscal tendrá una inclinación socialcristiana”.

De acuerdo con Franklin Ramírez, doctor en Sociología Política, en esa época existía una dinámica por la disputa del poder muy complicada y facciosa por parte de los partidos políticos. En particular, el gobierno de Gutiérrez se caracterizó en 2 años de mandato por tener “un arco distinto de coaliciones políticas volátiles, que evidenció su debilidad y el hecho de que no había interés de formar una alianza para defender un plan de gobierno, sino para básicamente sostenerse en el poder”, dijo Ramírez a este diario.

Por lo tanto, capturar a la justicia  era principal para lograr ese objetivo. En esto coincide el doctor en Jurisprudencia Diego Delgado Jara, en su ensayo La verdad sobre la pelea leonina por una Corte Suprema de Justicia, en donde califica a la CSJ como “una mina de oro” para banqueros, petroleras, multinacionales, empresarios y funcionarios.

Crisis judicial

Una vez que se instauró la nueva CSJ se desató una crisis judicial en el país. Primero, los magistrados anunciaron una paralización a nivel nacional para impedir que el Congreso reestructure las cortes superiores con aliados al PRE, MPD y DP. Aquello duró 1 mes y causó estragos, por ejemplo, en las cárceles.

Paralelamente a esto, una nueva oposición, encabezada por el PSC y el Prian, intentaba cesar la Corte y rechazar la terna para Fiscal General compuesta por: Jorge López, Tito Yépez y Nancy Altamirano, aliados del oficialismo. Por su parte, el Gobierno, en un intento desesperado por recuperar la legitimidad, buscó  también anular a la Corte Suprema de Justicia, primero mediante consulta popular y después con un proyecto de ley reformatoria. Ninguno tuvo acogida en el Congreso.

Todo esto puso al descubierto -según el politólogo Vladimir Sierra- que la apuesta por institucionalizar al país que prometió Gutiérrez en su campaña se había visto traicionada.

“La ciudadanía estaba cansada de la incapacidad de racionalizar la política y de liberarla de las manos de pequeños grupos mafiosos que insertados en esto buscaban cumplir sus intereses económicos particulares”, dijo Sierra a EL TELÉGRAFO.

Actualmente, el juicio por presunto delito de peculado en contra de Bucaram se encuentra en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con fecha de recibido 9 de febrero de 2012. Mientras, Dahik fue liberado de sus cargos el 20 de enero de 2012 por la CNJ a pedido del presidente Rafael Correa, que se sustentaba en la Constitución para “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios (...)”. Por su parte, Noboa fue amnistiado por la Asamblea Constituyente el 4 de julio de 2008.