María Q., quiteña de 58 años, acudió ayer a una entidad pública en Quito para realizar un trámite y tardó cerca de tres horas en desocuparse. “Casi una mañana perdida. Tuve que esperar la respuesta, sin embargo tengo que regresar mañana por la misma”, aseguró.

Esta situación que atraviesan muchos de los ecuatorianos fue revelada en noviembre pasado en un estudio que afirmó que el 53% tuvo problemas al realizar trámites en alguna oficina pública por la lentitud, excesiva burocracia y por la falta de preparación de los empleados.

Estos datos fueron usados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para justificar la concesión de un crédito de 270 millones de dólares para que Ecuador mejore la calidad de los servicios del sector público. De las personas consultadas que acudieron a una de las oficinas gubernamentales, el 43% asistió más de una vez para el mismo trámite, y el 59% manifestó estar más de una hora esperando a obtener el servicio o realizar el trámite, añade el documento.

Esta realidad preocupa al gobierno y para ello la Secretaría de la Administración Pública (SNAP) asumió para este año la responsabilidad de que el Estado sea más eficiente en materia administrativa mediante el  Decreto 149 de la Presidencia de la República.   

Cristian Castillo, titular de la SNAP, dijo que para cumplir este compromiso se necesita asumir la rectoría en materia de simplificación de trámites mediante la aplicación del gobierno electrónico y trabajar en ejes de transparencia.

DATOS

La Subsecretaría General de Transparencia reportó en 2013 un total de 163 denuncias en la matriz Quito; 45 en Guayaquil y 59 en la Regional en Cuenca.

La SNAP espera que al terminar este año se tenga un estándar nacional de percepción de  la corrupción y otro de cómo medir la transparencia en términos generales.

Este estudio de los ciudadanos servirá para comparar los datos presentados anualmente por la Organización no gubernamental Transparencia Internacional

El acompañamiento de procesos a diferentes entidades de agosto a diciembre de 2013 ha permitido un ahorro de $11’530.200 al  lograr un uso eficiente de recursos del Estado.El país cuenta con casi 500 mil servidores públicos y el objetivo es disminuir o eliminar la duplicidad de requisitos y trámites. La lucha contra la corrupción es otra de las responsabilidades que la entidad desea destacar este año.

Para que los ciudadanos denuncien actos de corrupción hay cuatro mecanismos: la línea 1800 Ya basta, el sitio www.administracionpublica.gob.ec, en las oficinas de la entidad en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato y en las redes sociales.

El gobierno quiere aumentar la información a la  que tiene acceso el ciudadano; perseguir de manera más rápida todos los posibles actos de corrupción identificados y desarrollar mejores herramientas que disminuyan la potencialidad de un acto corrupto eliminando requisitos, simplificando trámites y aumentado los servicios en línea.

Para este año, la Subsecretaría de Gestión Pública implementará normas de calidad ISO en 63 servicios territoriales como hospitales, Centros del Buen Vivir (CBV), entre otros. Para el 2015, las entidades educativas también empezarán a certificarse con el estándar de PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los procesos de certificación en el modelo iberoamericano de excelencia se darán a 20 entidades del Ejecutivo. La meta es que todas las entidades del Estado tengan al menos un estándar internacional de calidad hasta el 2017, dijo Castillo.

Con ello se pretende resolver la reducción de costos y tiempo para brindar al ciudadano el libre acceso al registro de datos.

En cuanto a innovación pública, con el sistema Quipux se han generado 33 millones de documentos electrónicos desde 2008 a diciembre de 2013. Al final de este año, este proceso significaría un ahorro de al menos $ 20 millones anuales, por transporte y compra de papel.