Una de las enmiendas constitucionales que plantearon los legisladores de AP a la Corte Constitucional propone suprimir el límite para la implementación de las regiones en el país. El plazo actual está fijado hasta 2016. Así lo establece el inciso 9 de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, que se aprobó en 2008. En este se hace referencia a la creación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad). “Esta ley fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años”, señala el texto constitucional.

Gustavo Baroja, titular del Consejo de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) y prefecto de Pichincha, contó que fueron los prefectos quienes pidieron a la Asamblea eliminar el plazo para crear la nueva figura administrativa. “Queremos que nos den tiempo para socializar y ponernos de acuerdo”, dijo.

La creación de las regiones debe ser liderada por los prefectos y en caso de no hacerlo hasta esa fecha el Ejecutivo tiene la potestad de cumplir con el trámite. Así lo especifica el Cootad.

La Asamblea acogió el pedido de los prefectos y en el paquete de enmiendas que presentaron a la Corte Constitucional incluyeron el cambio. “Suprímase la frase ‘que en ningún caso excederá de 8 años’”, señala la iniciativa liderada por el bloque legislativo de Alianza PAIS.

De esta manera se suprime la obligatoriedad para cumplir con el trámite por un tiempo indefinido. “Pedimos que no nos pongan camisa de fuerza para poder discutir la necesidad de mover las regiones”, señaló Baroja. Explicó que antes de que la Corte Constitucional se pronuncie a favor o en contra de la enmienda, los prefectos serán llamados para sustentar el pedido.

Por eso Baroja viajó ayer a Guayaquil para reunirse con su homólogo de Guayas, Jimmy Jairala. A él le pidió que “nos acompañe en la audiencia pública y que sea otra voz la que explique el tema”.

El titular de Congope enfatizó que “no estamos condenando la regionalización, queremos tiempo para socializarla”. Aclaró que no se pide eliminar la administración por regiones, porque de ser así se trataría de una reforma constitucional y para eso se necesita otro proceso legal que involucra una consulta popular.

“La enmienda no está afectando la estructura del Estado, ni las garantías; solicitamos simplemente que se nos permita la profundización de la enmienda”, explicó.

Jairala recordó que aún hay problemas que no se han resuelto con las provincias vecinas. “En Guayas hay 13 problemas de límites con provincias hermanas y 50 más entre cantones. No es el momento de pensar que hay que definir ya las cosas para regionalizar”, enfatizó.

Para el Prefecto del Guayas existen otras prioridades como ejecutar lo ordenado en la Ley de Límites. Hasta abril del próximo año se deben resolver los diferendos, si no se recurrirá a una consulta popular como una instancia final.

Para los prefectos de Pichincha y Guayas la figura de la regionalización no solo crearía una nueva división política, sino que significaría otra instancia de poder.

“Ustedes -los medios de comunicación- serían los primeros críticos, pues región significa posiblemente más burocracia, es otra instancia más de poder, no es tan sencillo. Hay que analizar bien las cosas”, detalló Jairala.

Con este concepto coincidió Baroja, pues manifestó que “el Estado no resistiría otro nivel de Gobierno porque habría un incremento en el gasto, infraestructura física que no está dentro del paquete que se asigna a las prefecturas”.