La propuesta no es nueva. En Guatemala funciona la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que tiene el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta surgió en 2007 en respuesta a la solicitud de asistencia que hizo el gobierno de ese país.

Este organismo internacional se encarga del fortalecimiento de las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

La Cicig está facultada para formular denuncias administrativas contra los funcionarios públicos que estén envueltos en un acto ilícito y garantizar la confidencialidad a las personas que apoyen en las investigaciones que se hagan.

Por ejemplo, la comisión fue clave en la denuncia e investigación de actos de corrupción vinculados a los grupos poderosos de Guatemala, desde políticos hasta empresarios.

Uno de los caso fue La Línea, una red criminal que operaba en las aduanas y en la que se cobraban sobornos a empresarios a cambio de alterar el contenido de las declaraciones de importaciones para evadir los impuestos. Por esta causa fueron acusados el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidente Roxana Baldetti.

Ambos están en prisión. Por los resultados alcanzados, el Gobierno de Guatemala realizó ante las Naciones Unidas cinco prórrogas de mandato para que siga el apoyo de la Cicig; cada uno de dos años.

La última la solicitó el presidente Jimmy Morales, el 16 de abril de 2016, y fue aprobada por la ONU el 24 de mayo de ese año. La actual parte, desde el 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de este año.

Sin embargo, el mismo Morales anunció en agosto de 2018 que había notificado a la ONU su decisión de no renovar un nuevo mandato de la Comisión, la cual impulsó investigaciones anticorrupción en ese país, incluyendo dos causas contra el propio mandatario.

En ese entonces, la Fiscalía General de Guatemala y la Cicig tramitaban el tercer pedido de retiro de inmunidad al Ejecutivo para investigarlo por delitos electorales y financieros.

En enero pasado, el gobierno de Guatemala adelantó el fin del acuerdo con la ONU para  la permanencia de la Comisión, pero esta reanudó su labor un mes después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la orden.

La Cicig presentó unos 100 casos con más de 60 estructuras criminales. (I)