Un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, que contaba con la respectiva autorización judicial y que buscaba verificar en Sarayaku (Pastaza) la presencia de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, fue impedido por personas que se hallaban en ese pueblo indígena armadas, vestidas como militares y el rostro cubierto con pasamontañas.

El exasambleísta y sus asesores fueron condenados a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa.

Los tres sentenciados se refugiaron en Sarayaku desde hace casi un mes, luego de recibir el beneplácito de sus dirigentes.

Para confirmar o desvirtuar tal situación, el director de la Policía Judicial, Milton Zárate; un fiscal, dos camarógrafos e igual número de miembros de seguridad ingresaron a esa comunidad a bordo de dos helicópteros, a las 09:00 de ayer. Todos estaban desarmados.

Cuando descendían se acercaron varias personas que intentaron agredirlos con lanzas, armas de fuego e, incluso, arrojando una red a las hélices de las naves.

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Frente a la hostilidad, los representantes de la Policía y de la Fiscalía se retiraron. La presencia de ellos sobre el terreno apenas duró cinco minutos.

Alrededor de 300 personas que se congregaron en la pista de aterrizaje amenazaron con retener el helicóptero, por lo que tuvieron que regresar a Shell.

El ministro del Interior, José Serrano, repudió la actitud beligerante de ciertos miembros y dirigentes de Sarayaku, a quienes recordó que son parte de Ecuador, por lo que no pueden actuar al margen de la ley.

Para el funcionario, la actitud pone en riesgo a la misma comunidad y vulnera el estado de derecho.

Además, hizo referencia a un reportaje publicado ayer por el diario Expreso. Con el titular ‘El enigma de Cléver Jiménez’ se destaca que los sentenciados cuentan con “una escolta de 20 hombres”.

En las fotos se aprecia que esos miembros de seguridad disponen de armas de fuego.

La misma nota señala, además, que Franco Viteri, presidente de todas las nacionalidades amazónicas, es el jefe de seguridad de esos grupos armados. “Franco es claro: Sarayaku tiene anillos de seguridad, pero no solo eso. En caso de una incursión, desde la selva y caminando llegarían a resistir los shiviar, los shuar, los záparas e incluso los eternos enemigos territoriales de los quichuas: los ashuares. Los indígenas se muestran unidos”, refiere el texto de Expreso.

Y agrega que Jiménez y sus compañeros confían en su escolta, pero también encriptan sus comunicaciones y cambian de locación constantemente.

Serrano advirtió que no permitirá que miembros de la comunidad Sarayaku estén armados. “Aquí hay por lo menos un delito leve de tenencia y porte ilícito de armas, además de custodia a prófugos”, comentó. Por eso formalizará una denuncia para iniciar las investigaciones.

“No vamos a permitir que esto suceda. No son solo escopetas o lanzas lo que tienen, sino equipos y uniformes tipo militar”. Incluso, destacó que estos grupos armados tendrían entrenamiento.

En su cuenta de Twitter, Serrano escribió: “¿Paramilitares en Ecuador o grupos armados de autodefensa? ¡Inadmisible! Vamos a intervenir contundentemente”.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ledy Zúñiga, repudió el uso que ciertos dirigentes de Sarayaku le dan a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en donde se establece que la fuerza pública no puede invadir la zona.

Por ello, solicitará audiencia con Diego García-Sayán, titular de este tribunal internacional. La funcionaria explicó que la sentencia es para proteger a la comunidad y al territorio de Sarayaku, con la finalidad que el Estado ecuatoriano retire la pentolita (explosivo) que habría sido abandonada por empresas que hace algunos años realizaban exploración petrolera y minera.

“En ninguna parte de la resolución se señala que Sarayaku no es parte del Estado o que puedan armarse o que la comunidad se convierta en guarida de fugitivos”, manifestó. Serrano pidió a los indígenas que tomen conciencia, ya que “su lucha como pueblo ancestral se desvirtúa con este tipo de acciones”.

DATOS

El 14 de enero pasado, la Corte Nacional de Justicia sentenció a Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio por el delito de injuria contra el presidente Rafael Correa relacionado a los hechos del 30-S.

El 24 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor de la petición de medidas cautelares interpuestas por los tres sentenciados.

En el VII Congreso Sumak Kawsay, celebrado del 24 al 27 de abril, el pueblo Sarayaku resolvió acoger dentro de su territorio a Jiménez, Villavicencio y Figueroa, y “otorgar las garantías necesarias de seguridad y estabilidad”.