La lucha implacable a este mal fue uno de los compromisos que adquirió hace dos años el presidente de República, Lenín Moreno, al asumir el mando presidencial. “Combatiremos la corrupción: la de ahora y la de ayer, y la que podría venir. La de adentro y la de afuera”, precisó en medio de aplausos y para ello dijo que practicará una cirugía mayor.

Pese al costo político que podría tener, al dolor e indignación personal y al distanciamiento con sus anteriores coidearios, el Mandatario ha destapado y denunciado las irregularidades cometidas en la administración pasada.

Son alrededor de 500 denuncias que ha presentado su gobierno a la Fiscalía General del Estado (FGE), en lo que va de su gestión, sobre hechos de corrupción que han causado conmoción y perjuicio al país.

A esto se suman los aproximadamente 320 informes con indicios de responsabilidad penal que ha enviado la Contraloría a la FGE y que involucran a exfuncionarios del anterior régimen.

En los dos últimos años, la Fiscalía tiene ingresadas alrededor de 10.000 denuncias de corrupción. Al concluir funciones en abril pasado, la exfiscal general encargada, Ruth Palacios, reveló que la FGE había registrado al menos 160 denuncias de casos denominados emblemáticos y detalló varios de ellos.

En la Fiscalía se multiplicaron los expedientes por peculado, lavado de activos, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, asociación ilícita, plagio, delincuencia organizada y otros delitos.

Según Jorge Rodríguez, vocero de la Comisión Anticorrupción, alrededor de $ 70.000 millones representa el perjuicio al Estado durante el anterior Gobierno.

De esa cifra, $ 35.000 millones serían por corrupción y $ 35.000 millones por el mal manejo en la adjudicación de obras. Estima que en el gobierno de Correa se dieron $ 59.000 millones en contratos a dedo.

Los involucrados

Ministros, viceministros, secretarios, gerentes, directores, asesores, asistentes, inclusive los más altos funcionarios del Gobierno, como son el Presidente de la República y su vicepresidente, están involucrados en escándalos de corrupción. En la lista también aparecen exfiscales, asambleístas y hasta empresarios que se identificaron con la Revolución Ciudadana.

Según la Contraloría, hasta ahora hay cerca de 30 funcionarios del régimen de Rafael Correa que podrían estar implicados en posibles delitos que investiga esta instancia.

Los datos más precisos son los de la justicia, que ha registrado hasta el momento 17 prófugos, todos relacionados a la corrupción en la administración anterior y sobre quienes hay orden de prisión.

La lista está encabezada por el exjefe de Estado Rafael Correa y también se encuentran: Carlos Pólit, Pedro Delgado, Ramiro González, Walter Solís, Fernando Alvarado, Ricardo Patiño, Carlos Ochoa, Pablo Romero, Sofía Espín, entre otros.

Además, al menos 26 denuncias contra el exmandatario ha recibido la Fiscalía y una veintena contra quienes formaron parte de su equipo de trabajo. Paralelamente, en las cortes y juzgados del país hay procesos judiciales en marcha.

Todos dicen ser perseguidos

Es una estrategia que se repite cuando un exfuncionario del régimen de Correa enfrenta un proceso legal, este huye de la justicia y desde la clandestinidad amenaza al actual Gobierno. El último en hacerlo fue el excanciller Ricardo Patiño, quien salió del país el 17 de abril último.

Desde la clandestinidad y mediante las redes sociales repitió las palabras que ya dijeron Correa, sus exministros y colaboradores prófugos. Enfatizó en que es víctima de represión del actual mandatario, que es un perseguido político, que es inocente, que se defenderá con la verdad y que la justicia es imparcial.

El penalista Nicolás Salas considera que esta actitud es porque Correa está perdiendo el control de la justicia. (I)