En dos años de gobierno, la libertad de expresión se fue construyendo como un edificio sólido. Se cimentaron las bases y se colocaron los ladrillos para garantizar este derecho de la sociedad.

Un primer paso fue impulsar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en vigencia desde el régimen anterior y que fue una especie de mordaza a la opinión pública.

La propuesta del Jefe de Estado contempló seis ejes de acción, entre ellos la eliminación de la Supercom, la prohibición de la censura previa, la vigencia del derecho a la réplica y a la rectificación, la regulación de contenidos discriminatorios, entre otros aspectos.   

Estos esfuerzos fueron reconocidos internacionalmente. En agosto de 2018, Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó: “Ecuador atraviesa un proceso de transición que busca superar las consecuencias del autoritarismo implantado por el régimen anterior”.

En octubre de 2018, David Kaye, relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, visitó seis días el país. Se reunió con representantes de medios de comunicación y de la sociedad civil, para analizar los avances en esta materia.

Al final tuvo una conclusión: “El presidente Lenín Moreno ha adoptado una línea muy diferente hacia la libertad de expresión; el Gobierno está realizando unos compromisos serios para promover la libertad de expresión y protegerla”.

Pero las acciones en favor de la libertad de expresión no se limitan a las reformas a la Ley de Comunicación. El 20 de febrero de este año, Ecuador se convirtió en el país número 66 en adherirse al Tratado de Chapultepec, un instrumento que garantiza la libertad de expresión e impide que se emitan normativas que coarten este derecho.

En su intervención, María Elvira Domínguez, directora de la Sociedad Interamericana de Prensa, manifestó en ese momento que este hecho era “impensable en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que instaló un régimen oscuro y autoritario y que se dedicó a menospreciar, atacar, restringir y perseguir a medios de comunicación y periodistas”.

Como corolario, el pasado 29 de abril el Ejecutivo creó un Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. Aquello fue en respuesta a los lamentables acontecimientos ocurridos en 2018 cuando tres miembros de un equipo de comunicadores de diario El Comercio fueron asesinados en la frontera norte -mientras ejercían su labor- por el grupo irregular Óliver Sinisterra.

Este espacio, compuesto por representantes de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, de la Comunicación y del Cordicom, tiene el compromiso de establecer acciones para garantizar la labor informativa de los periodistas, con seguridad, no solo nacional sino también internacional.

Son pasos fuertes que responden a una especie de liberación de cadenas restrictivas que se formaron en el anterior Gobierno. (I)