La captura de 11 soldados que caminaban por las riberas del río Bobonaza en Sarayaku, provincia de Pastaza, por parte de un grupo de indígenas que habitan en el sector, motivó que el Ministerio de Defensa presente una denuncia por la retención ilegal

Al respecto el ministro del Interior, Diego Fuentes, indicó ayer que se iniciará una acción penal por este hecho: “Nosotros  no podemos permitir que un grupo minúsculo de personas se crea por encima de la ley, con el pretexto de ser ancestrales, bajo ningún concepto”.

Recalcó que estas acciones son delictivas y que, por lo tanto, deben ser respondidas en ese ámbito siguiendo el debido proceso.

El pasado 19 de diciembre, los militares acantonados en el Batallón de Selva 49, situado en la Parroquia Montalvo, fueron interceptados cuando pasaban por Sarayaku.

Patricia Gualinga, dirigente de Relaciones Exteriores de Sarayaku, dijo que la presencia alertó a la comunidad y que por medidas de seguridad, los habitantes aislaron a los uniformados para consultarles sobre su presencia en la zona.

Sin embargo, el presidente, Rafael Correa, indicó que la situación es grave con estas personas que se creen ‘guardianes de la selva’.

Resaltó que los pueblos ancestrales fueron víctimas de exclusión y colonización salvaje por parte de los españoles, pero eso no los convierte en referencia del bien y del mal, ni ejemplo de buen vivir. Capturaron 11 soldados que salieron francos y los retuvieron en contra de su voluntad.

“Eso es un atentado a los derechos humanos. Vamos a ver si se quejan en la CIDH, no estamos enfrentando a niños y en el Siglo XXI todos debemos estar bajo la Ley y el Estado de Derecho”, sostuvo el Mandatario.

Luego de conocida la retención de los militares, oficiales del Ejército y el gobernador de Pastaza se acercaron a la comunidad para mediar en su liberación.

Al cabo de varias horas de conversaciones los dirigentes de la comuna elaboraron un acuerdo de liberación,  en el cual anotaron, entre otras cosas, que ‘con el afán de evitar futuros malos entendidos con la Brigada de Selva 17 Pastaza, se comprometan  a informar y coordinar con el gobierno de Tayjasaruta sobre cualquier movilización o presencia de su personal dentro del territorio del pueblo de Sarayaku”.

Además reconocieron que el personal castrense fue aislado ‘para conocer la razón de la presencia, al tratarse de un acto no común de la presencia militar y, sobre todo, en los actuales momentos de tensión que se vive en la provincia de Morona Santiago’.

La liberación se efectuó el 20 de diciembre, al día siguiente de la retención, una vez que Félix Santi, presidente del pueblo Sarayaku; Guillermo Naranjo, gobernador de Pastaza; Rudy Ortiz, teniente político de la parroquia Sarayaku;  Fredy Marcelo Coronel Carrera, comandante de la Brigada de Selva 17; y Miguel Ángel Fajardo, representante de los soldados, firmaron un acta de compromiso.

Sin embargo, el primer Mandatario desautorizó al gobernador y rechazó el acuerdo firmado.

La Secretaria de la Política, Paola Pabón, confirmó que por ese motivo se pidió la renuncia del regente de Pastaza, Guillermo Naranjo, ya que suscribió un acta de liberación sin comunicar a las instancias respectivas: “De ninguna manera se puede firmar un documento sobre la base de presiones, además con personas cuya integridad está en riesgo, lo cual va en contra de las políticas del Gobierno. Tenemos que enviar un mensaje fuerte que garantice seguridad ciudadana, no podemos bajo ninguna circunstancia permitir un estado paralelo, que rige para grupos determinados, las leyes deben ser aplicadas en todo el territorio nacional y acatadas”, resaltó.

Pabón hizo un llamado a la paz en el marco de la democracia: “Puede haber diferencias pero jamás desconocimiento de la Constitución y las leyes y peor hacer uso de la fuerza como un mecanismo de presión”.

La politóloga Verónica Albuja indicó que todavía no se entiende el concepto de estado plurinacional que le otorga a los pueblos ancestrales un territorio donde tienen derecho a organizarse de acuerdo con sus propias costumbres, ‘por eso eligen a sus representantes y quienes ingresen a su territorio deberían pedir permiso’.

En este sentido, cree que hace falta más diálogo para evitar malas interpretaciones, sobre todo en los temas de explotación de recursos.  ‘Las concesiones mineras o petroleras son a largo plazo superiores a 20 años, por eso la comunicación de los beneficios deberían difundirse mejor e incluso someterse a una consulta popular’.

Sobre los hechos de Sarayaku, la experta no considera que los indígenas hayan cometido ningún delito y solo reaccionaron por una presencia que consideraron extraña. (I)

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La Corte-IDH falló a su favor

Sarayaku recibió indemnización del Estado

El 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró, por unanimidad, que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku.

Esto, por permitir que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en su territorio, desde finales de la década de los años 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja y posteriormente de Sixto Durán- Ballén, sin haberles consultado previamente.

El Estado también fue declarado responsable por poner gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana. Ello en relación con actos desde las fases de exploración petrolera, incluso con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena.

Es en cumplimiento de esta sentencia que  el Gobierno actual de Rafael Correa reguló el derecho a consulta previa en instrumentos normativos como la Constitución y las leyes que regulan la exploración y explotación de los recursos naturales.

Entre 2012 y 2013 también se cumplió con la reparación económica dispuesta por la Corte-IDH, por concepto de daño material e inmaterial, restitución al fondo de asistencia a víctimas, costas y gastos y el 14 de noviembre de 2013 el Estado ofreció disculpas públicas al pueblo Sarayaku, a través de una cadena nacional.

Además se han desarrollado módulos de capacitación sobre Derechos Colectivos, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ecuador.

En este sentido se ha logrado capacitar a más de 7.000 servidores públicos, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de la Función Judicial. (I)