“Cuidado allá, están armados al otro lado...están armados al frente, cuidado”. Son las expresiones desesperadas que emitieron los militares que participaron en el operativo de minería ilegal el jueves pasado en Morona Santiago, minutos antes de recibir, además de los disparos en tierra, una emboscada a mansalva  por el río Zamora.

Ayer, el vicepresidente Jorge Glas, en el marco del enlace ciudadano que se realizó en Machala, presentó un video en donde se evidencia cómo un ciudadano, identificado como Johnny José Q. Ll., que viste una camiseta verde, primero amenaza a los uniformados mientras sujetan las dragas incautadas por efectuar minería de manera ilegal, y luego dispara a los militares, cuando estos ya se están retirando del lugar.

En el video se presentaron los testimonios de Patricia Orellana, técnica de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), quien señaló que solo estaban realizando los  controles en el primer punto, cuando observaron que  unas personas de tez morena realizaban actividades mineras y que por esa razón se les pidió los documentos que les acrediten a realizar la operación, a lo que  habrían respondido que no los tenían y  que el propietario de la playa les autorizó. “Nos amenazó, nos dijo que si nos llevábamos las dragas nos iban a matar. Con los militares, de la manera más armoniosa, procedimos a hacer el trabajo,  se decomisaron las dos dragas”.

Luego de ello,  Johnny José Q. Ll., de camiseta verde, habría regresado a la isla y armado disparó. Vladimir Ginda, uno de los militares que participó en el operativo, dijo que presuntamente el ciudadano que les disparó no sería ecuatoriano, sino   colombiano. “Nos dijo: me devuelven las cosas o bien me sacan muerto”, contó el uniformado, quien señaló que no poseían armamento letal.  

El criterio es compartido por Vinicio Grefa, conductor de uno de los botes, tipo Sodiak, en donde se transportaban los uniformados, que relató que vio cuando llegaron unos botes de civiles y les dispararon. Manifestó que  intentó esquivarlos, hasta que sintió un disparó  y condujo el bote hasta la orilla.

El vicepresidente  rechazó ayer el ataque del que fueron víctimas los militares. “Disparaban a matar”, dijo, a la vez que  denunció, como una alerta, que “la minería ilegal se está armando, hay gente armada que está dispuesta a matar a civiles y militares con tal de seguir haciendo una actividad ilegal,  que en el Ecuador no vamos a permitir”.

Glas se comprometió a investigar “con transparencia estos hechos, no dejemos de lado que hay nueve  soldados heridos”. Denunció que ciertas personas  están tratando de politizar el hecho. “Aquí  impera la ley, el Estado de derecho y los soldado están para defender...algunos ya quieren politizar la muerte de un ciudadano shuar”. Manifestó que el Gobierno se solidariza con la familia del fallecido: “Toda muerte es tragedia, lamentamos lo que sucedió, de pronto fue utilizado, no sabemos, lo mejor es investigar”.

Relató que entre los nueve militares heridos hay también  un  soldado shuar y un quichua, “un tema trágico, lamentable, tratan de politizar”. Por ello, manifestó que se investigará para determinar si  los grupos ilegales armados tienen  otro tipo de relación o asociación.

Por lo pronto, el Segundo Mandatario pidió que se incluya a Jhonny José Q. Ll. en la lista del sistema de recompensas, para dar con su paradero.

De su lado  Carlos Larrea, ministro de Defensa (e), sostuvo que la información del sujeto se entregó al Ministerio del Interior, que ya  estaría  trabajando en la búsqueda para que se determine la responsabilidad.

Larrea precisó que los 9 heridos estarían ya fuera de peligro y que en la junta de médicos de ayer se habría decidido que no sería necesaria una intervención quirúrgica de los tres uniformados que se encuentran internados en el Hospital Militar.

El ministro de Coordinación de Seguridad, Homero Arellano, explicó que el Gobierno no  está  en contra de las comunidades que hacen minería, “creemos en la minería artesanal comunitaria, pero no en esta clase de delitos de economía ilegal, que contamina el medio, produce discapacidad y somete a la población a bandas que están en la ilegalidad”.

El funcionario rechazó  a “esta gente que se entromete con el trabajo de las comunidades. Nuestros soldados fueron casi sin armas, porque creen en una vocación pacífica, iban a una tarea de regulación”.

Arellano sostuvo que se analizará el tema de cuáles “bandas se están inmiscuyendo en el trabajo, vamos a proteger y defender la democracia”.  

Glas solicitó  a las Fuerzas Armadas que tomen todas las precauciones. Manifestó que la próxima semana el presidente Rafael Correa se reunirá con ellos y les dará instrucciones específicas.

Estado apelará al derecho de repetición

El Segundo Mandatario anunció que el Estado ecuatoriano apelará al derecho de repetición, a los involucrados en el  proceso de destitución de los  jueces de la Corte Constitucional en 2006.

La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el pago de    60.000 dólares a cada uno de los ocho jueces  destituidos.

Enfatizó que a diferencia de esos gobiernos que de “un plumazo borraron la Corte Constitucional”, actualmente se eligió a los magistrados por concurso público.

En otros temas, Glas precisó que se decidió que la Secretaría Técnica de Discapacidades tenga autonomía administrativa. En esa línea, Álex Camacho, secretario de la entidad, dijo que se buscará inclusión educativa con la implementación de 140 escuelas inclusivas hasta el 2017, así como productiva, porque hasta finales de este año se financiarán  60 emprendimientos laborales y 150 hasta el 2014. También indicó que se crearán tres  centros  de servicio y apoyo para las personas con discapacidad.

Glas anunció que el Gobierno espera dejar de importar maíz el próximo año. Dio 10 días al Ministerio de Coordinación de la Producción para que establezca la norma que permita no importar cerámica y que los productos nacionales sean revalorizados. Anunció que 500 profesionales y estudiantes podrán trabajar en cinco empresas públicas.

Jiménez podría afrontar dos nuevos juicios

El vicepresidente Glas pidió a la Fiscalía que por acción pública inicie un proceso penal en contra del asambleísta Cléver Jiménez por ‘inviolabilidad de la correspondencia del presidente Rafael Correa’.

Glas señaló que la interferencia de correos del Presidente constituye un delito que está penado por la ley. Jiménez habría señalado que posee correspondencia privada del Jefe de Estado. Por este presunto delito, Jiménez podría afrontar un año de prisión.   “A confesión de parte, relevo de prueba”, dijo Glas, no sin antes poner énfasis en todos los artículos de la ley.

El procurador general del Estado, Diego García, cuestionó el hecho de que Jiménez posea los documentos. “¿De dónde obtiene esa información?”, se preguntó y dijo: “Lo obtuvo de los mecanismos legales, a través de los cuales se le permite a un ciudadano contar con la información o de qué manera lo consiguió”. 

Así, también, Glas reprochó las que llama ‘injurias que Jiménez realiza en las redes sociales’. “Yo sí te voy a denunciar,  vas a responder por las calumnias que viertes Cléver Jiménez, por calumnia, voy a ver si hay responsabilidad penal”, siguió. 

“No puedes andar de difamador, primero respeta al Presidente y en segundo lugar al Vicepresidente”. Recordó que la Contraloría demostró que otra denuncia de  Jiménez, sobre contrato con Petrochina, no tiene sustento. “La Contraloría dice que no hay responsabilidad civil ni penal, pero Jiménez se llena la boca acusando”.