El Decreto Ejecutivo 660 publicado el 5 de febrero definió la creación de un gabinete estratégico y seis sectoriales, donde 42 entidades del Ejecutivo están agrupadas por ámbito de acción para coordinar el análisis y aplicación de las políticas públicas.

Con esta estructura el Ejecutivo pretende organizar el trabajo de los ministerios y secretarías, de manera que tengan un hilo conductor y el Mandatario supervise con mayor eficiencia los avances de las decisiones gubernamentales.

Los 6 gabinetes sectoriales son: de lo Social, que lo presidirá el delegado del Presidente de la República al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, dirigido por el Ministro de Energía; el de Seguridad, encabezado por el Ministro de Defensa; y el Económico, liderado por el Ministro de Economía.

Y se crearon los gabinetes: de Gobernabilidad y Gestión de la Política, presidido por la titular de la Secretaría de la Política; y de Proyectos de Alto Impacto, a cargo del Secretario Particular de la Presidencia.

El de Gobernabilidad no tiene miembros permanentes como los sectoriales (ver infografía), sino que se convocará a las entidades según el tema por tratar.

Lo mismo ocurre con el de Proyectos de Alto Impacto, que seguirá la ejecución de obras grandes y los resultados de la gestión de las empresas públicas.

La ministra del Interior, María Paula Romo, quien está al frente de la Secretaría de  la Política y preside el nuevo gabinete de la Política, dijo que la nueva estructura opera desde el año pasado.

Aclaró que “no somos superministros, tenemos la responsabilidad de coordinar; ya estábamos funcionando antes del decreto y ahora solo se ha formalizado el encargo”.

Romo comentó que se trata de una forma de organizar el trabajo de los ministerios; “así como hasta hace algunos meses había ministerios coordinadores por sectores, hoy en su lugar se les ha encargado a los ministros”.

Dijo que el Presidente de la República dirige este aparataje, “es el jefe”, pues supervisa a los ministros.

La ventaja es que esta organización articula a los miembros del gabinete por objetivos. “Por ejemplo, en lo social o económico y, en el caso del Ministerio de Gobierno, con todos los gobernadores”.

Los cambios vienen como consecuencia del estilo que implantó el presidente Moreno desde que asumió el cargo, en  2017. Su primer decreto fue la supresión y fusión de entidades administrativas y operativas.

Se eliminaron los seis ministerios coordinadores, la Secretaría Nacional de la Administración se fusionó con la Secretaría General de la Presidencia y eliminó el Ministerio del Buen Vivir, que no aportaba al país y generaba un gasto de $ 3 millones anuales.

En abril de 2018 vino otra etapa de optimización; el entonces secretario nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Andrés Mideros, dijo que 26 instituciones se someterían a fusiones o cierres; esto implicó reducción de personal.

Mauricio Maldonado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Francisco de Quito, dijo que la Constitución no limita la integración de la Función Ejecutiva.

Por eso está de acuerdo con esta reestructuración; “bastante mal nos ha hecho pensar que el Presidente es un ser omnipotente, rector de todos los poderes y la administración”

Opinó que el imaginario ha construido el ideario de la personalización del poder, del hiperpresidencialismo y del populismo. “Necesitamos en el futuro la desconcentración efectiva del poder”. (I)