La Fiscalía tiene un nuevo insumo para descubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato en diciembre del 2010 del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, quien se opuso a la compra de nueve helicópteros Dhruv.

Este jueves 15 de noviembre, la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea, presidida por César Litardo (PAIS), leyó el informe final de 71 páginas en el que se establecieron 17 conclusiones y 10 recomendaciones. El documento podría tener algunos cambios.

Entre las conclusiones destaca que la muerte del excomandante fue “crimen de Estado”, perpetrado por la delincuencia organizada, sin embargo las autoridades deben determinar aquello.

Así lo reconoció Litardo, al detallar que de este informe se desprenderían posibles actos de corrupción. Además, se estableció una lista de más de 69 funcionarios, en los que se incluirán asambleístas que entorpecieron la investigación. Según el informe, Rafael Correa lideró el proceso de compra de los Dhruv.

El documento recomienda a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a la Fiscalía y a la Contraloría que investigue a este grupo y a sus familiares para comprobar su patrimonio, movimientos financieros y responsabilidades.

La legisladora de CREO y miembro de la Comisión, Jeannine Cruz, dijo que “hay funcionarios que no solamente obedecen al tema Dhruv sino a los proveedores de armas”. La lista incluye a exfuncionarios del Gobierno anterior. Entre ellos está el actual legislador, José Serrano; la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga; los  exministros de Defensa, Homero Arellano, Fernando Cordero, César Navas y María Fernanda Espinosa, y el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado.

Los legisladores concuerdan en que el Comité Interinstitucional, que se creó en el Gobierno anterior para analizar el asesinato de Gabela, no fue independiente e imparcial. “Su funcionamiento fue informal y bajo secretismo”, dice el informe.

También se abordan las responsabilidades del excontralor y exfiscal, Carlos Pólit y Galo Chiriboga, respectivamente. El primero, debido a que los exámenes especiales adolecen de precisión y resultados. El segundo, por no investigar parte del caso. También en la nómina destacan altos mandos militares como Alonso Espinoza, Rodrigo Bohórquez y Ernesto González, así como representantes de empresas dedicadas a la venta de armamento.

El informe revela que hubo falta de diligencia en los procesos de contratación y pugna de intereses al interior de la cúpula de la FAE.

Por ejemplo, en las comparecencias de los generales Espinoza y Leonardo Barreiro se concluyó la existencia de “acciones conducentes” para vigilar a Gabela, quien denunció en 2008 presuntas irregularidades en la compra de los Dhruv por $45’200.000, de los cuales cuatro se accidentaron y tres están inoperativos.

En la lista del informe también están exfuncionarios de la desaparecida Senain, como Javier Molina, por su presunta relación con el Estudio Jurídico Mossack-Fonseca, vinculado al caso “Panamá Papers”, y Sumil, representante en el país de  Hindustan Aeronautic Limited (HAL), empresa a la cual se le adjudicó el contrato de los Dhruv.

Las responsabilidades también topan a la extitular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), del periodo 2013-2017, por no dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de Soberanía de octubre del 2016, que investigó el caso.

Asimismo, a los legisladores de la Comisión de Fiscalización por archivar el juicio político al exministro de Defensa, Javier Ponce, quien concretó presuntamente la compra de los Dhruv.

El informe insta a la Fiscalía a investigar a los responsables por la pérdida del “tercer informe”, con lo cual se determinará si es necesario tener uno nuevo para dar con los responsables.

Este documento se entregará a la Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, hoy viernes 16 de noviembre a las 11:30, en una rueda de prensa. (I)