En total fueron 80 las propuestas para fortalecer la articulación entre funciones del Estado, combatir la corrupción y reformar los sistemas de contratación pública y campañas de prevención que presentó el Frente de Transparencia.  

Este Diario tuvo acceso al documento preliminar (resumen ejecutivo), ya que el definitivo será presentado en los siguientes días al Ejecutivo. De allí se desprende la Estrategia de Transparencia y Lucha contra la Corrupción con varias sugerencias.

Uno de los planteamientos es la creación de un Sistema Nacional de Control, que tenga la facultad de organizar y unificar las competencias y atribuciones de las entidades de control.

Para ello, la Presidencia, ‘respetando y sin interferir en las atribuciones y competencias propias de cada entidad’, coordinará el aspecto jurisdiccional de la lucha contra la impunidad, con mecanismos ‘apropiados’ de informática forense e inteligencia, por ejemplo.

Pablo Dávila, miembro del Frente, contó que el Sistema Nacional de Control verificará el ‘cruce de competencias, simplificará los procedimientos y generará procesos de información’. Eso permitirá conocer lo que las instituciones de control hacen.

Además, el Ejecutivo impulsará la optimización de los controles sectoriales. En primera instancia se analizará la situación del sector petrolero y minero.

En ese punto propuso un control a contratos, autorizaciones y permisos, a los procesos productivos, a la recaudación de ingresos y al destino y distribución de ingresos.

Respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS), el frente lamenta que el procedimiento creado para designar a las autoridades, así como los requisitos para quienes aspiran a esos puestos, sea ‘proclive a la cooptación de los gobiernos de turno’ y “permeable a los poderes que tengan intereses particulares”.

Por eso propuso que se revise el mecanismo de designación de los miembros del organismo y de las autoridades de control; además de establecer requisitos específicos para elegir a cada autoridad e impulsar la generación de procesos de vigilancia nacional e internacional.

Para Fiscalía se propone que maneje la Policía Judicial y asuma el control disciplinario de sus funcionarios. También propuso eliminar el inciso final del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para posibilitar la instrucción fiscal por peculado y enriquecimiento ilícito sin el informe de Contraloría.

Otra sugerencia es facultar a los fiscales para que soliciten al juez de garantías penales todas las medidas cautelares sobre bienes que prevé el COIP en la investigación previa.

Respecto al Consejo de la Judicatura, para evitar la discrecionalidad al aplicar el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece como causal de destitución de los servidores judiciales el error inexcusable, el Frente recomienda definir los elementos de una actuación judicial que configurarían dicha causal.

Sobre la Superintendencia de Compañías se sugiere reformas normativas a la Ley de Compañías y de Mercado de Valores; así como garantizar el acceso a la información. También que dicho ente establezca la normativa necesaria para que las compañías de interés público estén obligadas a acatar normas de un gobierno corporativo.

Respecto al Sistema de Contratación Pública (Sercop) se propone una auditoría externa al Sistema Electrónico de Contratación que deberá implementarse sin perjuicio de los exámenes de Contraloría.  

El Frente sugiere que Contraloría diseñe e implemente un sistema de calificación y registro de proveedores sin excluir a las organizaciones de la economía popular y solidaria, así como la eliminación de la contratación directa y mantener la solicitud de un mínimo de tres ofertas con relación al tema a contratar.

Pablo Vanegas, otro de los integrantes del Frente, detalló la sugerencia de que en el sistema de educación se impartan clases y se enseñen ética y valores.

Esa nueva materia -dijo- debe estar acompañada de la práctica y de las experiencias. (I)

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