El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no reemplazará ni se inmiscuirá con las entidades estatales. Tampoco tiene la capacidad investigativa, pero sí es un canal mediante el cual se trasmitirá información a las diferentes instituciones involucradas.

Así fue aclarado ayer, al medio día, en el Palacio de Carondelet, durante una reunión a puertas cerradas, que mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, con autoridades, entre ellas, el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

También participaron Christian Cruz, presidente de la Función de la Transparencia y Control Social; Pablo Celi, Contralor subrogante; Thania Moreno, Fiscal subrogante, Eduardo Mangas, secretario general de la presidencia y Rosana Alvarado, ministra de Justicia. Esta última fue nombrada secretaria ejecutiva de este frente.

La idea del encuentro fue la de fortalecer el trabajo de dicho frente con las diferentes entidades estatales, a través de la independencia de funciones.

Jalkh enfatizó que como titular de la Judicatura estará atento para, en caso de existir una negligencia por parte de jueces y fiscales durante las investigaciones sobre casos de corrupción, actuar desde su competencia disciplinaria.

Para acelerar las investigaciones, se acordó que el Ministerio del Interior tome medidas para formar un ‘protocolo de seguridad’ para aquellos fiscales y jueces, quienes ejecutan ‘procesos complejos en materia de narcotráfico y lucha contra la corrupción’.

Aunque no se ha definido un cronograma ni calendario de trabajo, el Frente, que fue conformado el pasado lunes por nueve funcionarios de distintos sectores sociales y liderado por el jurista Xavier Zavala Egas, tiene entre sus facultades, la de crear productos como reformas legislativas para que la Asamblea Nacional las pueda estudiar.

Cruz, en cambio, afirmó que “la idea es entre todos construir este nuevo proceso de transparencia y lucha contra la corrupción”.

Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado (FGE) será la responsable de las investigaciones preprocesales y procesales penales de los actos de corrupción, principalmente.

Al respecto, la Fiscal Subrogante indicó que las autoridades que participaron de la reunión se comprometieron en apoyar la lucha contra la deshonestidad, “respetando las competencias que tiene cada entidad”.

Aclaró a la opinión pública que al momento, no puede dar información respecto a los avances en la investigación. “Hay una prohibición expresa ya que el proceso está en investigación. Cuando la ley lo permita, Fiscalía va a informar todos los hechos que se han dado”.

Participación Ciudadana dará cuentas por elección de autoridades

Raquel González, presidenta del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien también participó de la reunión ayer en Carondelet, informó que dicho ente dará cuentas en la Asamblea Nacional de la elección del Fiscal y del Contralor.

Apuntó que hasta el momento, no han sido notificados para que se presenten en la Asamblea.

Criticó a quienes ponderan la designación del fiscal general, Carlos Baca Mancheno y repudian la elección del contralor general del Estado, Carlos Pólit.

“No podemos hablar de que alguien que está, supuestamente involucrado en actos de corrupción lo elegimos mal y a quien está haciendo las cosas bien, se lo ha elegido bien. Es el mismo proceso, el Consejo  no tiene acciones diferenciadas en los procesos de designación de autoridades sino más bien es el reglamento de acuerdo con la autoridad que se está eligiendo a través de las Comisiones Ciudadanas”.

La titular indicó que la elección de dichas dignidades es autónoma y cuenta con veeduría ciudadana. “La Constitución nos da la atribución de luchar contra los corruptos y asegurar transparencia. No somos investigadores somos parte procesal, por eso coordinamos con Fiscalía y demás instancias para ser parte del proceso”, dijo.

Al mismo tiempo afirmó que entre sus atribuciones está la de dar acompañamiento a los procesos y acoger demandas y pedidos. Además tienen la facultad de enviar recomendaciones a la Contraloría y Fiscalía sobre estos casos.

En cuanto a la investigación de la constructora Odebrecht, González recordó que en noviembre de 2016 el Consejo de Participación inició parte de las indagaciones y por eso “trajo peritos internacionales para capacitar a los fiscales ecuatorianos que seguían este proceso”. (I)

El Fiscal viaja a Brasil en busca de más información

El fiscal general del Ecuador, Carlos Baca Mancheno, retornó ayer a Brasil para dar continuidad a la investigación desarrollada en el caso de corrupción de la constructora Odebrecht con ese país.

Baca viajó ayer en compañía de un equipo técnico que es parte de la indagación, que en una primera parte se la saldó en Ecuador, el viernes pasado, con 12 allanamientos y la detención y orden de prisión preventiva contra seis personas, por el delito de asociación ilícita. El operativo se efectuó simultáneamente en Quito, Guayaquil y Latacunga.

El equipo técnico que acompaña al funcionario ya trabaja con expertos brasileños para obtener información relacionada con las pesquisas, por el presunto pago de sobornos de la constructora a cambio de adjudicación de obras, en el período 2007-2016.

La investigación comenzó luego de la publicación, por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., de un informe en el cual refieren pagos ilícitos de Odebrecht al menos a 12 naciones. En el caso de Ecuador, las coimas están valoradas en $ 33,5 millones, según el documento.

El nuevo desplazamiento de Baca ocurre luego de que la semana pasada estuvo en Brasilia, donde se reunió con altos funcionarios de la Procuraduría General.

El trabajo de la Fiscalía General cuenta con el respaldo del presidente de la República, Lenín Moreno y del Gabinete, que tiene entre sus máximas prioridades la lucha contra la corrupción. (I)