Flujos de información y poder

Asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, el australiano fundador de WikiLeaks, Julian Assange, figura como objetivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos en lo que llama un cronograma de cacería humana. La inculpación: haber difundido secretos del Departamento de Estado a los que tuvo acceso WikiLeaks, reivindicando un internet y un periodismo libres. En las líneas que siguen, Assange expresa sus puntos de vista a un cuestionario formulado por Alai, respecto a temas como globalización y gobernanza de internet; vigilancia y seguridad ciudadana; transparencia gubernamental y rendición de cuentas, y la vigilancia ciudadana sobre las autoridades.

¿Cuáles consideras que son los aspectos más relevantes de las revelaciones de Edward Snowden y de sus repercusiones? ¿Qué implicaciones tienen para el futuro de internet? ¿Qué pasos podrían dar los países en desarrollo para proteger del espionaje a sus comunicaciones?

Los documentos que Edward Snowden divulgó contienen muchos detalles técnicos que son de gran valor para los desarrolladores de software, activistas de la privacidad e individuos cuya vida y seguridad dependen de la integridad y la seguridad de su software y hardware. Allí radica el valor indudable para las comunidades de expertos que construirán la próxima generación de la tecnología para garantizar privacidad. En WikiLeaks hemos estado sistematizando nuestra propia experiencia con la información de los documentos develados para mejorar nuestras prácticas, y nuestros técnicos y desarrolladores de software han estado dedicados a mejorar una serie de tecnologías de punta, mejoras que en su debido tiempo beneficiarán al usuario común.
Pero la cosa más importante que el señor Snowden ha hecho es despertar a la civilización mundial a la comprensión de que la vigilancia masiva es real. Hace un año, los periodistas no hubiesen publicado que la NSA estaba vigilando el internet entero. Varios periódicos se negaron -para su descrédito- a dedicar espacio al asunto. El señor Snowden estaba lejos de ser el primer denunciante de la NSA para alertarnos sobre esto, pero él fue quien finalmente colmó el vaso con pruebas documentales actuales y autenticadas por las dimensiones de la cacería que lanzó el Gobierno de EE.UU.

El hemisferio sur tiene que proteger a sus poblaciones de la vigilancia. En América Latina casi todas las conexiones al internet mundial pasan a través de cables de fibra óptica que atraviesan Estados Unidos. Esta es una cuestión de soberanía y de competitividad económica. Los países necesitan formar alianzas industriales para crear la infraestructura física alternativa para internet, para que sus comunicaciones no tengan que atravesar las fronteras de un vigilante depredador del calibre de Estados Unidos, el Reino Unido o sus aliados. También deben considerar el fortalecimiento de su propia infraestructura, mediante la regulación del sector de los proveedores de internet, de manera que sea obligatorio aplicar un fuerte cifrado de datos en los enlaces de comunicación.

Los países que valoran su soberanía deberían anular sus contratos con empresas estadounidenses y rechazar las donaciones de infraestructura y tecnología subvencionada de superpotencias como China y Estados Unidos. No deben utilizar hardware de encriptación controlada por EE.UU., debido a que ese hardware tiene una larga historia de ‘puertas traseras’. Deben hacer obligatorio el uso de hardware y software libre, cuyo código fuente esté abierto para que cualquiera lo pueda examinar, y deben apoyar financieramente a los desarrolladores y comunidades de desarrollo con el fin de fomentar los bienes comunes de software, a escala mundial, en tecnología segura y fiable, que todos los países pueden utilizar.

Ellos deberían liderar el camino, al adoptar leyes progresistas de libertad de expresión y protección de datos, y abandonar cualquier política de vigilancia del estilo de la NSA que hayan implementado. Los países en donde no se invade la privacidad de los clientes serán lugares atractivos para las empresas de internet preocupadas por la privacidad que buscan alejarse de los Estados Unidos. El sur global puede atraer a empresas y promover el crecimiento de sus sectores de internet en la medida en que se diferencien de las prácticas perjudiciales de los Estados Unidos y sus aliados en las esferas de la inteligencia.

En el ámbito internacional, deben tratar de desarrollar un consenso para prohibir el uso de armas de vigilancia masiva contra la población. Tiene que adoptarse un marco internacional que permita llevar ante la justicia a los Estados que practiquen la vigilancia masiva. Ningún país puede aspirar a competir con EE.UU. en materia de vigilancia masiva; debido a su posición geográfica de ‘araña en el centro’ de los flujos de telecomunicación, más bien hay que matarla de hambre. Ellos deben tratar de aprovechar sus posiciones en los comités internacionales para influir en la adopción de estándares web en la dirección correcta. A EE.UU. no se le debe permitir que menoscabe los estándares de cifrado y de comunicaciones para aumentar su acceso. Todas las normas impulsadas por EE.UU. o sus aliados deben ser consideradas como sospechosas. Otros países deberían presionar diplomáticamente a Estados Unidos y a las demás potencias en espionaje, y tratar de emprender acciones legales contra esos países por la violación de los derechos de privacidad de sus propios ciudadanos.

Mientras que las tecnologías digitales amplifican enormemente las posibilidades de que los Estados y las corporaciones practiquen la vigilancia y la recopilación de datos, también pueden, como WikiLeaks ha puesto de manifiesto, aumentar la posibilidad de vigilancia de la ciudadanía sobre las autoridades públicas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en cuanto a la legislación y las políticas públicas en esta materia?

Fundé un amplio programa de reforma legislativa en Islandia en 2009 y 2010, orientado precisamente para este propósito. Se le llamó el IMMI (siglas en inglés) -la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos-, y gran parte de ella surgió de las ideas que habíamos tenido en el curso de nuestro trabajo sobre la creación de un refugio para los servicios de internet. Fue diseñado para proporcionar la mejor protección posible para los editores, periodistas honestos y empresas de internet y para dar un impulso a un sector de internet islandés, al atraer inversiones e innovación. Incluye leyes innovadoras de protección de la fuente, la protección de archivos, y leyes que impiden intentos de demandar injustamente desde otra jurisdicción. La propuesta completa se encuentra disponible en línea (https://immi.is/). Todo lo que necesita es que algún país pequeño implemente algo parecido a la IMMI, y la presión debido a la competencia atraerá a las empresas de internet a invertir en la jurisdicción. En la actualidad, ningún país es visto como el ‘faro de la colina’ en materia legislativa respecto a la instalación de los servicios de internet, pero en adelante los países que adopten reformas legales del estilo del IMMI serán vistos no solo como líderes mundiales, sino como el mejor lugar para instalar una empresa de internet de alta tecnología.

Internet ha demostrado que tiene un gran potencial para ampliar el acceso a la información y al conocimiento. Pero esto está ahora bajo amenaza, entre otras cosas, debido al creciente control corporativo, junto con los intentos de legislar restrictivamente sobre la ‘piratería’ y la propiedad intelectual. ¿Cuáles serían los aspectos más fundamentales a considerar, para evitar este tipo de amenazas y garantizar que internet siga desarrollándose como un espacio público abierto?

El aspecto más fundamental a tener presente está en el plano conceptual. El concepto de ‘propiedad intelectual’ está enfrentando tiempos difíciles en los últimos años, debido a que es antagónico a la idea misma de internet. Ciertos sectores establecieron grandes centros de poder antes de internet, todos ellos basados en el concepto de ‘propiedad intelectual’. Ahora ese concepto se está volviendo cada vez más difícil de sostener, de la misma manera en que una vela pierde lentamente su cohesión. Estos lobbies temerosos han impulsado una explosión de legislaciones para hacerse con el control de los conductos de internet, cerrando determinados flujos de información, tratando de evitar que los monopolios de la información se disuelvan. Estas propuestas vienen del mundo empresarial, pero son acogidas por ciertos gobiernos que buscan pretextos para extender su control sobre internet.

Pero el problema inmediato es el TPP y la propuesta de globalizar las leyes restrictivas estadounidenses de ‘propiedad intelectual’ a través de los acuerdos comerciales mutuos. Los países del TPP representan más del 40% del PIB mundial. Su intención geopolítica es un bloque ‘comercial’ dominado por EE.UU. para arrinconar a China. Por ejemplo, Ecuador, como país del Pacífico, aún no es parte del TPP, pero si se aprueba ese tratado, tendrá el efecto de hacer que la interpretación radical de EE.UU. sobre leyes de propiedad intelectual se convierta en norma permanente en ese hemisferio. Ecuador -como país que aún está en vías de adoptar plenamente internet- tendrá mucho que perder si queda rodeado por un marco legal que ofrece ventajas comerciales a los intereses estadounidenses. Si el TPP pasa, los mismos intereses intentarán utilizar ese impulso para imponer esas normas en Europa también, a través de la asociación EE.UU. – UE: el TTIP. Los aspectos tradicionales de la propiedad intelectual –las trabas a la cultura, a la medicina y otros elementos que son esenciales para la realización humana- no son las únicas ramificaciones posibles de este escenario. Podemos esperar que a la ley de PI cada vez más se la utilice abusivamente fuera de ese ámbito para poner en entredicho la soberanía de internet en América Latina, como también en la costa asiática del Pacífico. En octubre pasado divulgamos un borrador reciente del capítulo de Propiedad Intelectual del TPP, y esto ha tenido una influencia que ha galvanizado a la oposición al TPP. Ya se ha ralentizado su paso por la legislatura en los EE.UU.