Con la participación de veedores, asambleístas proponentes del juicio político y firmantes de la solicitud, ayer la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas en contra de Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación.

El primer punto tratado por la comisión fue la solicitud que llegó por parte del superintendente, quien pedía que se aplace el tiempo para la presentación de sus pruebas. Al respecto la Comisión decidió desechar la solicitud porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las partes tendrán 15 días para presentar sus pruebas de cargo y descargo.

Una vez superado el plazo dieron paso a Fabricio Villamar, uno de los dos proponentes, para escuchar sus pruebas en contra de Ochoa.

Después de enumerar varios casos en los que el funcionario habría confundido entre opinión e información y penalizó a diferentes medios, dijo que el 94% de las sanciones son en contra de medios privados y además el 67% fueron denuncias planteadas de oficio.

El proponente argumentó que “el superintendente de la Información y Comunicación fue más allá de sus funciones, atentó contra el derecho de libertad de expresión e infringió sus obligaciones”.

A su intervención adjuntó documentación que acompañó la solicitud de juicio político. Entre las pruebas están 13 notas de prensa, 24 resoluciones de la Supercom, así como denuncias en contra de Ochoa, por el delito de uso de documento falso, expediente de denuncia de linchamiento mediático presentado por Martha Roldós, entre otros.

El segundo grupo de pruebas fue la “Discrecionalidad por parte del Superintendente”. El tercer bloque trató sobre los indicios de responsabilidad penal.

Solicitó además la realización de pruebas de oficio que tratan sobre otros procesos.

Con nueve votos a favor y tres abstenciones, las solicitudes de los asambleístas con respecto a las pruebas de oficio fueron aprobadas. Y con siete afirmativos, dos negativos y dos abstenciones se aprobó la comparecencia de Roldós, Baldeón, Dávila y García. (I)