Fiscalía y Asamblea pueden actuar en el caso Tuárez
La situación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez, se complica tras 11 días en funciones.
Hay dos denuncias oficializadas en su contra por falsedad de documentación y adulteración en la hoja de vida cuando se candidatizó para consejero del CPCCS.
Ahí constan cargos y funciones que no habría desempeñado, como ser director administrativo en el Convento de San Esteban de Salamanca, director de la emisora la Voz del Santuario de Baños, párroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, rector de la unidad educativa San Fernando de Quito, entre otros.
Por este hecho César Cárdenas, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, presentó el viernes una denuncia ante la sede de la Asamblea, en Guayaquil, y otra en la regional del CPCCS. A esta iniciativa se sumó la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).
Cárdenas dijo que esperan que el CPCCS acoja la denuncia y resuelva cesar a Tuárez conforme el numeral 10 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación.
A esto se suma la revelación realizada por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, quien presentó el viernes el documento de desafiliación del sacerdote del Partido Socialista Ecuatoriano al que perteneció hasta el 9 de agosto de 2018.
Según la Ley Orgánica del Consejo de Participación, para ser candidato al CPCCS no debía pertenecer a organizaciones políticas cinco años antes de su postulación. Pero la desafiliación se realizó tres meses antes de elecciones.
Pita señaló que el 31 de octubre de 2018 el pleno del CNE-Transitorio, del cual él no formó parte, negó la calificación e inscripción de Tuárez por constar como afiliado a un movimiento político.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, quien sí fue parte del Transitorio, señaló que la calificación de la candidatura contó con la participación de una comisión que verificó los requisitos y que fue avalada por una veeduría nacional e internacional.
Sobre este caso, Pita considera que la Función Electoral ya no puede actuar y que sobre una posible destitución le compete al Legislativo mediante un juicio político.
Esto es confirmado por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. No obstante, aclaró que la denuncia contra el padre Tuárez debe llegar a la sede del Legislativo para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique la denuncia y sea direccionada a la Comisión de Fiscalización.
Intervención de la justicia
A todo esto se suman presuntas anomalías relacionadas al patrimonio del religioso. En Ibarra se conoció que Tuárez aceptó bienes y pólizas a su nombre, en sus funciones como sacerdote.
Una ciudadana que ha preferido mantener su nombre en reserva habría sido perjudicada en un negocio que instaló con sus ahorros.
Además aparecieron noticias de que algo similar ocurrió con un departamento que habría adquirido el sacerdote en Manabí.
Según su declaración juramentada en la Contraloría, antes de posesionarse en el cargo, aseguró tener un patrimonio de $ 372.000.
En diálogo telefónico, Tuárez negó las denuncias de Pita y otras personas. Dijo que su actuación es transparente y que es víctima de un linchamiento mediático.
Aseguró estar dispuesto a comparecer ante cualquier organismo nacional e internacional para demostrar que “no he cometido ninguna irregularidad y que todos mis bienes los he adquirido trabajando desde niño”.
Además lamentó que esas denuncias afecten su imagen y la de su familia, tras cuestionar a quienes lo acusan de no haber presentado ninguna denuncia en el periodo de impugnación ante el CNE.
El constitucionalista Stalin Raza afirmó que la participación en un partido político y adulterar o falsificar una hoja de vida acarrea la inhabilidad y eso debe ser analizado por el CNE y la Asamblea.
“El CNE no puede sacar el cuerpo. Y, en segundo lugar, puede intervenir también la Contraloría, porque los nombramientos de los consejeros no pueden mantenerse vigentes si son contrarios a la ley y al ordenamiento jurídico”.
Ademas le preocupa lo relacionado con dineros y el patrimonio del sacerdote, lo cual “tiene que ser analizado por la Fiscalía y establecer si existe o no un delito”. (I)
