El caso Sobornos 2012-2016, más conocido como Arroz Verde, se convirtió en el proceso penal más grande de corrupción pública de la historia reciente del país.  

La decisión de la Fiscalía General del Estado de vincular a 22 personas entre exfuncionarios y empresarios da un giro a la investigación.

Aunque los nombres de los nuevos acusados no fueron hechos públicos oficialmente, los archivos y evidencias recuperados de la exasesora Pamela M. y de su asistente Laura T. dan una pista de quiénes serían.

Pamela M. aseguró, en su versión, que fue el expresidente Correa quien le dispuso monitorear el sistema de captación de dinero de empresas contratistas con el Estado para las campañas y actos de Alianza PAIS.  

Mientras que en el archivo informático recuperado de la computadora que usaba Laura T. en la Presidencia se encontraron indicios en contra del exvicepresidente, Jorge Glas; del exministro, Vinicio Alvarado; de la exfuncionaria de la Secretaría de la Administración Pública, María Augusta Enríquez.

En ese expediente también están los nombres de la actual asambleísta Viviana Bonilla y de quien fuera su legislador alterno, Christian Viteri. Ambos negaron cualquier relación con el caso.

La Fiscalía pidió a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, que fijara una fecha para la audiencia de vinculación. Hasta el momento no hubo una respuesta.

Laura T., un testigo clave para descubrir la trama

En las investigaciones de la Fiscalía para descubrir la trama de corrupción por los supuestos aportes ilegales a la campaña del expresidente Rafael Correa y Alianza PAIS, Laura T. se convirtió en una protagonista.

Ella trabajó en Carondelet desde 2008 hasta 2015 y siempre junto a Pamela M., quien fuera asesora y una de las personas de confianza del expresidente Correa.

En su computador se encontró la supuesta ruta del dinero ilegal que llegaba a Alianza PAIS. Es decir, ella detalló quién era el funcionario encargado de exigir el aporte a la compañía, cómo se entregaba la donación, para quién iban esos fondos y las actividades realizadas. Este expediente es una de las pruebas más importantes que tiene la Fiscalía.  

Luis Muñoz, abogado de Laura T., sostuvo que ella no es colaboradora de la Fiscalía, como se informó erróneamente, pero reconoció que el testimonio anticipado que debe rendir ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es fundamental.

Por eso, la seguridad de ella y la de su familia es una prioridad, luego de los ataques que recibieron este jueves 25 de julio de 2019. “Los muertos no colaboran”, dice un escrito que fue dejado la madrugada de este jueves 26 de julio en la casa donde viven en Quito.

Muñoz dice que las amenazas empezaron hace un mes con llamadas hacia el esposo. Sin embargo, el ataque más fuerte ocurrió esta víspera.

Desconocidos cortaron abruptamente el servicio de luz del hogar y lanzaron un material (se sospecha que fue madera o una tela) intentando neutralizar el cerco eléctrico que protege la vivienda.

En ese momento, la alarma sonó y los atacantes dispararon hacia la casa. En total fueron cinco tiros hacia el dormitorio de uno de los hijos de Laura T.

El padre reaccionó y junto a los tres pequeños se lanzaron al piso para protegerse. Así permanecieron hasta que llegó la Policía, que fue notificada por la alerta de auxilio que emitió el celular del padre.

La policía cumple con la indagación del ataque. El teniente Luis Bustillos dijo que se revisan las cámaras cercanas, sin embargo aún no se ha podido identificar a los agresores.

Luis Muñoz, presentó en la Fiscalía una denuncia por la intimidación que sufren los familiares de su cliente. (I)

El domicilio donde reside el esposo y los tres hijos de Laura T., al norte de Quito, ya cuenta con resguardo policial. Foto: Cortesía / El Telégrafo