Con el reconocimiento de la firma del denunciante, Andrés Páez, la Fiscalía General del Estado inició oficialmente este lunes 3 de diciembre la investigación a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por supuestos cobros indebidos a sus excolaboradores cuando era legisladora hace seis años.

Páez, quien presentó la denuncia el pasado 27 de noviembre, luego de reconocer su firma debía rendir versión en la Fiscalía. Sin embargo, no pudo hacerlo porque la acusada, mediante oficio enviado el viernes, solicitó se difiera la diligencia.

Tampoco declaró Ángel Sagbay, el exasesor de Vicuña que la acusa de cobros indebidos cuando se desempeñaba como asambleísta hace seis años. En este caso la diligencia se postergó para el próximo miércoles, a las 15:00, mientras que Páez deberá acudir la próxima semana.

En declaraciones a la prensa, la Segunda Mandataria insistió en que lo denunciado son “patrañas” y que los depósitos en su cuenta fueron voluntarios, no solamente de Sagbay, sino también de otros militantes del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), del cual ella forma parte y su padre, dirigente.

A su vez, Andrés Páez indicó que en la denuncia que presentó exigirá que se realice una pericia a las cuentas de una nueva persona que afirma que también fue víctima de los diezmos cuando trabajó con María Alejandra Vicuña.

El viernes último salió a la luz un segundo caso de presuntos cobros indebidos. Una exasesora del despacho de la entonces asambleísta denunció que había depositado unos $ 14.650 en la cuenta personal de la ahora Vicepresidenta.

Páez advirtió que en la fecha que rendirá su versión pedirá que se incluyan seis nombres más a la lista de familiares de la Segunda Mandataria que, supuestamente, trabajan en el sector público, lo cual constituye otro delito.

“Adicionalmente, voy a solicitar que se investigue el ingreso, no solo de las 21 personas que mencioné originalmente, sino de seis más que voy a explicar, por información que ha sido detallada en las últimas horas… Están en varias instituciones públicas, no en la Asamblea ni en la Vicepresidencia”, precisó.

Por estos hechos, el exlegislador y excandidato vicepresidencial sostuvo que deberían investigarse los delitos de concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“Yo estoy aquí para brindar mi contingente cívico a la causa del país, esa causa que exige transparencia y que por fin terminen estas prácticas nefastas y abominables que han puesto en  predicamento el ejercicio de la función pública”, dijo.

El jurista Marco Benavides consideró que la situación de la Vicepresidenta es delicada, porque la majestad del poder se debe honrar y cuidar, pero con las prácticas denunciadas se deslegitima una autoridad, que es la segunda más importante de la Función Ejecutiva.

A su criterio, hay intereses de algunos sectores que buscan generar el caos para sacar provecho de un desprestigio del Gobierno, lo cual afecta a todos.

Ramiro Román, catedrático y abogado en libre ejercicio, sostuvo que la Fiscalía deberá actuar diligentemente para evitar que un tema tan complicado como este se prolongue.

Luego de reconocida la firma del denunciante, lo que le corresponde a las autoridades que investigan el hecho es llamar a rendir versiones a denunciantes y denunciados, así como a quienes consideren conveniente.

Una vez reunidos los elementos necesarios, el fiscal del caso deberá resolver si hay suficientes elementos para avanzar a un juicio o archivar la denuncia, explicó.

Considera que hay garantías para la legítima defensa y para el debido proceso. (I)