Las filtraciones realizadas por WikiLeaks sobre comunicaciones electrónicas del presidente Lenín Moreno motivarán acciones legales, en el plano internacional, contra los directivos de dicho sitio web, según anunció el canciller de Ecuador José Valencia.

La demanda podría incluir al fundador del portal, Julian Assange, quien se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana en Londres (Inglaterra) desde 2012.

Estas filtraciones contienen supuestos comunicados del Mandatario donde asegura que intentó “vender” a Estados Unidos la custodia de Assange, así como imágenes de la vida privada de la familia Moreno-González.

Además de las acciones jurídicas externas, la Fiscalía puede iniciar una indagación de oficio por la difusión de imágenes privadas de la familia de Moreno, lo cual está considerado como violación a la intimidad de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 178 señala que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, señaló que cualquier persona, sea ecuatoriana o extranjera, si comete un delito debe ser investigada por la Fiscalía.

Mencionó que a pesar de que Julian Assange no dirige WikiLeaks hace varios años, es evidente que cada vez que existe un problema porque no quiere cumplir con los protocolos de la embajada, surgen estas filtraciones.

Además, en el artículo 190 del COIP también está tipificada la apropiación ilícita por medios electrónicos, y en el 230, el delito de interceptación de datos.

El director de estudios internacionales de la Universidad Andina, Michel Levi, señaló que la única solución al problema de Assange en la embajada es pedirle que salga, aunque no se lo puede obligar porque además de refugiado político, es ciudadano ecuatoriano.

Pero en caso de una indagación penal, manifestó, la Fiscalía puede reclamar que se presente para juzgarlo en territorio ecuatoriano. (I)