Con el puntaje más alto 88,17/100, Diana Salazar es la virtual nueva Fiscal General del Estado, para los próximos seis años.

Esto, luego de que ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) rechazó la impugnación presentada en contra de Salazar. Recurso interpuesto por José Regato.

Ella obtuvo 88,17 puntos. De ellos, 49 por méritos, 10 en el examen escrito, 28,17 en la audiencia oral; y un punto por acción afirmativa debido a que Salazar es afrodescendiente.

Su designación quedó en firme también porque el pleno del Transitorio aceptó las impugnaciones (de descalificación) de sus inmediatos seguidores en puntaje, Merck Benavides y Javier Bosquez, dentro del concurso público.

El Consejo Transitorio debe oficializar la designación y luego notificar a la Asamblea Nacional, la cual deberá fijar hora y fecha para la posesión de Salazar.

Xavier Zavala, miembro del Consejo Transitorio, recordó que las decisiones de este organismo, sobre la designación de las nuevas autoridades dentro de los concursos, no podrán ser revocadas por el nuevo Consejo.

Ardua tarea asumirá Salazar
La nueva fiscal deberá resolver 1.000 denuncias de corrupción que entre el año pasado y lo que va de este ingresaron en la Fiscalía General.

El Gobierno asegura haber presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior.

Además, la Contraloría ha presentado 320 informes sobre exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal.

“Todos estos casos ya reposan en la Fiscalía General del Estado”, indicó el presidente de la República, Lenín Moreno, en enero pasado y exhortó al sistema judicial para no permitir impunidad.

Entre el 2018 y el 2019 la Fiscalía ha registrado 160 casos “emblemáticos”, sobre delitos y corrupción. 

Entre estos casos  están expedientes relacionados con Petrochina, Petrotailandia, Odebrecht, Singue, Posorja, Petroecuador, deuda externa, etc.

Entre los denunciados están el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios Fernando Alvarado, José Serrano, Alexis Mera, Walter Solís, entre otros.

Perjuicios al Estado
En agosto de 2018 se procesó a María Sol L. y Marcos M. por su presunta participación en el delito de peculado. Tres fiscales conocieron la causa y el último, Alejandro Vásconez, se abstuvo de acusar a los dos imputados.

El 29 de marzo, el juez dispuso que se eleve a consulta del Fiscal Provincial de Pichincha la decisión favorable a los procesados.

El 13 de abril de 2018 se inició una investigación por presunto peculado en el caso Yachay por la contratación de aparatos oftalmológicos, lo que ocasionó un perjuicio al Estado (ver infografía).

Tres casos penales se desprendieron de la administración de José Iván E. M. al frente de la Dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): peculado, delito del que el año pasado resultó inocente; lavado de activos (desde ayer es juzgado por esta causa); y enriquecimiento ilícito (está pendiente de resolverse este caso).

En 2017 se detectó, en la ruta de los sobornos de Odebrecht, movimiento monetario entre Telconet y Glory International Industry.

Por este caso se procesó a Tomislav T. G. y su hijo Jan T.

Ellos ocasionaron un perjuicio de $ 13,5 millones, por ello el mes anterior cancelaron la cifra con un cheque y certificados de depósito, pero el proceso continúa por presunto lavado de activos. 

La Fiscalía inició una investigación previa por presunto peculado en el caso Refinería del Pacífico.

Por la Refinería de Esmeraldas también se han abierto indagaciones debido a las contrataciones efectuadas entre 2009 y 2016. 

Otro de los casos pendientes que tendrá que resolver Salazar es el de Ramiro González, procesado por los delitos de tráfico de influencias y defraudación tributaria. Él sigue prófugo. (I)