El presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas.

El documento llegó al Legislativo el lunes 15 de junio para continuar con el proceso de esta normativa que fue aprobada por la Asamblea a mediados del pasado mes de mayo.

El Jefe de Estado realizó 16 objeciones al texto que el Parlamento deberá tratar y dar su pronunciamiento para el 15 de julio.

Dos de los principales cambios que se plantean están relacionados con la necesidad de ajustar el proceso de transición para el cumplimiento de la regla fiscal de la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB) para que exista una trayectoria de este indicador que sea coherente con el escenario económico actual (caídas de precios del petróleo, de ingresos y del PIB).

De esta manera, al 2025 dicho indicador no deberá ser superior al 57%; para el 2030 deberá bajar al 45%; y para el 2032 y en adelante deberá ser inferior al límite legal del 40%. El establecimiento de estas metas intermedias en el proceso de convergencia del endeudamiento público hacia el cumplimiento del límite legal "brindan certezas y disminuyen el riesgo de discrecionalidad en la gestión fiscal en el futuro", recalca un comunicado de la Secretaría de Comunicación.

Por otra parte, el veto parcial propone dos modificaciones que fortalecen la transparencia de todas las transacciones de títulos valores entre instituciones públicas, como las relacionadas con bonos y notas del Tesoro Nacional. Para ello se dispone la entrega inmediata y gratuita de esta información a las bolsas de valores para que su registro permita la construcción de vectores de precios y curvas de rendimientos con todas las transacciones del mercado.

El documento plantea también dos precisiones sobre el proceso de transición para la reducción de los actuales Certificados de Tesorería, buscando que este pueda ser ejecutado de manera técnica, viable y -sobre todo- coherente con el escenario económico actual que vive el Ecuador.

Los 10 cambios restantes que se incluyen en la objeción presidencial se relacionan con aspectos de forma que respetan lo sustancial de los textos aprobados por el Legislativo. Estas modificaciones se relacionan con terminologías, precisiones legales y técnicas. Específicamente, lo que se pide es homologar la redacción de los artículos de la ley referentes a planes y programas de inversión y preservación de capital, reformas adicionales al Presupuesto General del Estado durante su ejecución y presupuestos de las instituciones públicas.

El Ejecutivo destaca que "el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas ratifica la independencia de la seguridad social y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados".

Uno de los principales cuestionamientos que recibió el proyecto, previo a su aprobación, fue que el Ejecutivo entregaba 'superpoderes' al Ministerio de Finanzas para fijar techos presupuestarios.

El oficialismo defendió la tesis de que la iniciativa garantiza la autonomía de las funciones del Estado. (I)