El 20 de marzo de 2012, dirigentes de diferentes organizaciones sociales y campesinas del país, agrupadas en la Red Agraria, promovieron una iniciativa popular para impulsar un proyecto de Ley de Tierras. Ese día entregaron  el documento a la Asamblea Nacional para su análisis y tratamiento. La iniciativa popular contó con el aval de más de 30.000 firmas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pero recién el jueves la Asamblea terminó el primer debate y ahora se apresta a convocar a una consulta prelegislativa.

La demora en la norma (en 2012 la Asamblea tenía otra composición) ha generado una división en los sectores que impulsaron el proyecto. La Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Confeunassc) y algunas organizaciones regionales y provinciales interpusieron la semana pasada un amparo de protección para frenar el trámite del proyecto.   

Mientras que dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras (Fenocin), de la Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI) y organizaciones montubias respaldan el tratamiento del proyecto y cuestionan la decisión de las otras agrupaciones. Están dispuestos a participar en los debates, cuando  se convoque a la consulta prelegislativa.

Desde que se aprobó la Constitución de Montecristi solo una norma ha sido entregada a la Asamblea bajo la modalidad de “iniciativa ciudadana”: la Ley de Tierras.

Para Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, la Comisión de Soberanía Alimentaria no respetó el artículo 103 de la Constitución y el artículo 10 de la Ley de Participación Ciudadana, que señalan que cuando un proyecto de iniciativa popular no es tramitado en los plazos estipulados (180 días) este se aprobará por el ministerio de la ley.

La Asamblea de aquel entonces, dirigida por Fernando Cordero, nunca pudo tramitar la norma por falta de los votos suficientes. Pese a las firmas de respaldo no se lograron las voluntades necesarias. En ese entonces PAIS dependía de aliados para aprobar los proyectos. “Hubo una violación de esos derechos. Además no fuimos convocados a la construcción del proyecto que ahora se tramita”, cuestiona Gualán.

Han pasado más de 2 años y no hubo respuesta, critica el campesino. Lo que ocurrió fue que la Comisión de Soberanía Alimentaria fusionó en uno solo los 5 proyectos que en algún momento se presentaron.

Pero el coordinador nacional de la Fenocin, Franklin Columba, asegura que en ningún momento han sido llamados para decidir sobre  una acción de protección. Él no está de acuerdo con esa acción e insiste en que participarán en la socialización de la Asamblea. “La Red Agraria es una agrupación de organizaciones, no de personas, y la Fenocin siempre tendrá la batuta de defensa de los intereses  del agro como cuando recogió las firmas. Me sorprende ahora que unos sectores pretendan tomarse el trabajo de otros”, recalca.

Para él lo que se busca es convertir “en politiquería” el tratamiento de esta ley por parte de ciertos sectores, aunque la Fenocin ha dicho sí al proyecto.

Pero el tema no solo queda en las organizaciones campesinas. Jorge Loor, dirigente de la  Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (Upocam), que es parte de la Red Agraria, además de asambleísta alterno de Marcela Aguiñaga (PAIS), también es crítico de la normativa.

A su criterio el proyecto que enviaron fue debatido y socializado en su momento, previo a la elaboración. Frente a eso reclama porque nuevamente se discuta. Lo que quiere es que la ley ya entre en vigencia, una vez que han transcurrido los plazos que determina la Constitución.

Pero la misma Carta Magna establece que las leyes se aprueban en dos debates. Y cuando una norma afecte los derechos colectivos se debe convocar a una consulta prelegislativa, lo que ocurrirá en este caso. “He conversado con la asambleísta Aguiñaga y le he dicho mi postura”, agrega Loor.

En cambio, Darwin Matute, secretario general de la Fenacle (también parte de la Red Agraria), es partidario de seguir en el debate. “Nosotros sí hemos hecho algunas observaciones que esperamos sean tomadas en cuenta, como es el caso de poner límites a los latifundios: es fácil decirlo, pero  es necesario especificar de cuánto, hay que poner límites y respetar áreas de la producción que son necesarias para el país”, aconseja.

Además, quiere que la ley establezca un control para que no se siga ampliando ciertas áreas de producción. “La palma africana en Esmeraldas, por ejemplo; antes era hermoso ver frutales, ahora es puro sembrío de este producto que afecta el terreno porque lo está degradando”.

Respecto  a la acción de protección, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, expresa que habrá que esperar la decisión del juez, pero que la Coordinadora Nacional Campesina es una organización más de la Red Agraria que sí apoya el tratamiento de la normativa.

“La mayoría de integrantes participaron en las distintas reuniones e incluso presentaron propuestas, mientras la coordinadora jamás apareció”, sostiene el legislador, tras agregar que la etapa de debate ciudadano recién comienza, pero, al parecer, algunas personas y organizaciones quieren boicotear el proceso, pese a que está respaldado por la mayoría de grupos campesinos y pueblos.

ANTECEDENTES

Luego de una marcha, dirigentes de la Red Agraria entregaron el proyecto de Ley de Tierras, de iniciativa popular, a la Asamblea Nacional, con 40 mil firmas de respaldo.  

El Consejo Administrativo de la Legislatura  comunicó el 7 de mayo de 2012 a la Comisión de la Soberanía Alimentaria que el período legislativo anterior calificó 5 proyectos de Ley de Tierras.

Estos proyectos fueron presentados por los entonces asambleístas Marco Murillo, Fernando Cáceres, Jaime Abril y Ramiro Terán. Junto con estos documentos se presentó el de iniciativa popular que fue entregado por la Fenocin y la Red Agraria.

El 26 de junio de 2014 se informó a la Presidencia de la Asamblea que en el período legislativo anterior, la Comisión resolvió la fusión y consolidación de los proyectos en uno solo y que fueron calificados por el CAL. Esto fue luego ratificado por la Presidencia de la Legislatura (el 19 de agosto de 2014).