Fausto Camacho es experto en procesos electorales, consultor y analista político; fue director del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el 2008 hasta 2011. Dialogó con diario El Telégrafo sobre su lectura del panorama electoral en el Ecuador.

Hay varias actividades retrasadas dentro del cronograma para las próximas elecciones generales ¿Esto pone en riesgo el proceso electoral?

Hay un retraso en la preparación electoral por la incidencia que ha tenido el aislamiento social dispuesto por decreto. El Consejo Nacional Electoral tendrá que tomar medidas para recuperar el tiempo perdido en los temas relativos, por ejemplo, a los procesos preparatorios para la conformación de las Juntas Receptoras del Voto. Si la decisión es aumentar el número de recintos para que haya menos juntas también eso tiene un proceso. Sin embargo, pese a la pandemia, no se ha modificado el calendario vigente, las actividades y los plazos contemplados siguen siendo los mismos.

¿Considera que la pandemia influirá directamente en el posicionamiento del electorado?

No creo. Si bien la salubridad es un tema de relevancia, todos los candidatos plantearán exactamente lo mismo: que se debe fortalecer el sistema de salud y la necesidad de que las intituciones vinculadas a la gestión de riesgos funcionen mejor. La población escuchará y tomará sus decisiones sobre los planteamientos para el manejo de la economía, la dolarización, la estabilidad, el empleo, que independientemente de la pandemia son recurrentes. Un tema que ha saltado a la palestra y tomó protagonismo es la corrupción.

¿Cómo evalúa la gestión de los actuales consejeros y en particular de la presidenta Diana Atamaint?

Realmente deja mucho que desear. El principal problema que tiene el CNE es el divorcio interno, una confrontación que no ha cesado entre un grupo de mayoría y otro de minoría que impide un correcto funcionamiento del Consejo. Dentro de eso, podría señalarse la falta de liderazgo de Diana Atamaint.

Cuando los funcionarios no responden al interés nacional, sino a intereses particulares o de grupo, resulta obvio que afecten el normal desarrollo de un proceso electoral. El Consejo ha ido perdiendo mucho más su credibilidad e identidad y en la insitucionalidad de un país eso es muy grave. No por consuelo, pero lo mismo le sucede al poder Legislativo, al Ejecutivo y a la Justicia. Desgraciadamente la situación actual no trae buenos augurios de legitimidad para los próximos comicios.

Cerca de concluir el plazo para los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos ¿cuál es su apreciacion de los virtuales binomios?

Vamos a ver cómo queda configurado el escenario, pero es probable que haya algunas variaciones más adelante. El panorama en principio es de dispersión. Básicamente esto les debilita. En alianza pueden sumar mejores condiciones para afrontar el proceso electoral. Si esto no varía, tendremos un escenario parecido a los anteriores procesos: con ocho o doce candidatos en una suerte de pelotón, en cuya cabeza estarán tres o cuatro binomios que serán los que finalmente competirán por llegar a la segunda vuelta.

El anuncio de los binomios no es sinónimo de que ya han sido aceptados como candidatos ¿Cuál es el procedimiento para que sean calificados?

El CNE tiene la obligación, no la opción, de hacer un examen para determinar si los candidatos cumplen o no con los requisitos de inhabilidad de elección popular y si habría alguna no deben ser calificados. Si es que el candidato cumple con la normativa, el CNE debe proceder con la inscripción.

En el caso de candidatos con procesos judiciales pendientes ¿Qué procede respecto de su calificación como postulante?

Hay que mirar qué es lo que dice la Ley y la Constitución, quien no tenga una sentencia ejecutoriada en cualquier juicio es inocente y mientras sea inocente puede ser candidato. Sin embargo, hasta el 18 de septiembre no sabemos qué va a pasar en determinados procesos judiciales, por ejemplo, en el Caso Arroz Verde. Si la sentencia es ratificatoria ninguna de las personas involcuradas podrá participar en las próximas elecciones. (I)